SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0078/2006

           En ese sentido, precisando el alcance del recurso directo de nulidad la SC  0071/2006, de 22 de agosto, señala lo siguiente: “Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que el recurso directo de nulidad constituye una garantía de aplicación general contra todos los '(...) actos de los que usurpen funciones que no les competen así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley'; y que, la previsión contenida en el art. 79.II LTC no limita los alcances del recurso a los casos enumerados en la misma (suspensión o cese de funciones), sino que más bien se amplían esos alcances (así: Auto Constitucional 202/2000-CA de 17 de octubre de 2000 y otros); sin embargo, ello no debe entenderse que tal protección constitucional sea aplicable a supuestas infracciones al debido proceso en cualquiera de sus formas en que tales infracciones pudieran producirse en los procesos judiciales o administrativos en curso, no sólo porque las mismas tienen los medios de impugnación que las normas procesales pertinentes dispensan a los litigantes para lograr la reparación de sus derechos supuestamente violados, sino que la ratio-legis del artículo 31 de la CPE, es la de dotar al ciudadano de un medio de impugnación directo (de acceso inmediato) en los supuestos antes mencionados. (las negrillas son nuestras.

           De lo expuesto se infiere, que quien interpone un recurso directo de nulidad no puede pretender impugnar a través del mismo decisiones de procesos judiciales o administrativos con el argumento de que fueron dictadas sin competencia, cuando en realidad se trata de errores o irregularidades del procedimiento ya sea judicial o administrativo vinculados con el debido proceso, situación ésta que no es admisible pues ello constituiría un uso abusivo e indebido del recurso directo de nulidad que desvirtúa el sentido y alcance de este instituto jurídico.