SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0101/2007-R

El recurrente a través de su abogado ratificó y reiteró los términos de su demanda, añadiendo que: a) el art. 70 de la Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC) establece que la exclusión de un socio sólo podrá acordarse en asamblea general por dos terceras partes de los socios, situación que no aconteció en su caso, menos que se haya seguido el debido proceso que exige el art. 16.IV de la CPE; b) tampoco se observaron los requisitos que exige la Dirección General de Cooperativas consistentes en solicitud de exclusión dirigida al Director General de Cooperativas, sumario informativo -que deberá ser notificado a los afectados al menos cinco días antes de la celebración de la asamblea de socios para que usen su derecho a la defensa- acta de dicha asamblea aprobando la exclusión con dos tercios de votos y notificación con dicha resolución.

Los demandados por intermedio de su abogado sostuvieron lo siguiente: a) en ningún momento se expulsó y excluyó al recurrente, sino que está en proceso por las irregularidades que cometió, consistentes en incitar junto a otros dos ex socios, a muchos socios cooperativistas a no retirar la hoja de circulación dañando la situación económica de la Cooperativa, por ello en una Asamblea General se determinó su exclusión, pero sujeta a un proceso que está en conocimiento de la Dirección General de Cooperativas -conforme al art. 21 del Estatuto de la Cooperativa- y también se acudió al Ministerio Público, por lo que se está siguiendo las normas del debido proceso y no existe una Resolución de exclusión del recurrente emanada por la referida Dirección General; b) con esa conducta el recurrente infringió el art. 17 inc. e) de los Estatutos de la Cooperativa, lo cual constituye una causal de exclusión; c) el recurso de amparo constitucional no es un recurso sustitutivo de otros medios legales expeditos, pues si el recurrente creía que estaba exento de la comisión de alguna irregularidad y/o delito, debió apersonarse legalmente con todas sus pruebas y sumarse a esta denuncia formal y no plantear el presente recurso de amparo constitucional, ya que la Dirección General de Cooperativas supervisa todas las actividades de las Cooperativas.