SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0385/2007-R

En el marco de la citada norma constitucional, la jurisprudencia de este Tribunal ha entendido el mandato constitucional de la necesidad de encontrar un punto de armonía y convergencia entre la justicia comunitaria y el orden legal establecido, al señalar que: “No obstante la importancia de las costumbres socioculturales y el respeto que la sociedad debe demostrarles, no se debe olvidar que las instituciones sociales de las comunidades campesinas y pueblos indígenas no existen aisladas, forman parte de un contexto social mucho más amplio y complejo. Precisamente ahí radica el problema para definir los sutiles límites entre la 'justicia comunitaria' y la 'justicia oficial', entre el derecho consuetudinario y el ordenamiento jurídico general imperante en el país, sin lesionar ninguno de ellos. Para no incurrir en el peligro de desconocer el valor y fundamento de las costumbres y culturas ancestrales, o, de vulnerar el orden legal establecido, debe llegarse a un punto de convergencia tal en el que ambos encuentren convivencia armónica, sin que ninguno avasalle al otro, resguardando en ambos, los derechos colectivos de las comunidades y los derechos fundamentales de las personas” Sentencia Constitucional 0295/2003-R de 11 de marzo (las negrillas son nuestras).

En este contexto, resulta evidente el reconocimiento constitucional de las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas de los pueblos indígenas, así como el respeto a su derecho a la libre determinación, a la posibilidad de que apliquen sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de los conflictos internos, a la elección de sus autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno y las garantías que el Estado debe brindar para la vigencia de los derechos indígenas. En cuyo mérito, se advierte la existencia de un nuevo orden jurídico y político que respete dicha organización. Para tal efecto, el respeto de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, debe partir del reconocimiento y reinvindicación de su titular, esto es, las propias comunidades indígenas y originarias. Dicho de otro modo, el reconocimiento y respeto a los usos y costumbres debe partir del reconocimiento de la voluntad de la comunidad originaria, que el última instancia es la que ostenta el valor de sus usos y costumbres.