SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0410/2007-R

          En la especie, el recurrente aduce que la CGR, emitió dos informes de       auditoría, signados con los números EX/EP17/L03-N3 y EX/EP11/J04-N1 que contienen sindicaciones de orden penal en contra de su representado, al   establecer indicios que lo vinculan con presuntos delitos, como ser: contratos        lesivos al Estado, conducta antieconómica, malversación y resoluciones contrarias a la Constitución, emergentes de la gestión que le cupo desempeñar   al mando del Ministerio de Educación, los que indica fueron elaborados        unilateralmente por el órgano de control fiscal, puesto que su mandante no fue      notificado para que tenga la oportunidad de presentar sus descargos, ya que         según sostiene, se cuenta con toda la documentación que acredita la legalidad          de las operaciones; por el contrario, afirma que dichos informes le habrían          generado dos pliegos acusatorios e inclusive la solicitud de desafuero para       someterlo a proceso penal; y que habiendo solicitado expresamente a la           autoridad recurrida se le reciban dichos descargos, ésta señaló que ello no es      posible, amparándose en el art. 50 del DS 23215, que prescinde del procedimiento de aclaración cuando se trate de informes de auditoría que         contengan indicios de responsabilidad penal o civil “significativa”, o con la      finalidad de evitar la consumación del daño económico grave al Estado.