SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2676/2010-R

III.5.2. Que respecto a la denuncia de una defectuosa valoración de la prueba con el fundamento de que el Tribunal de apelación al disponer la extinción de la acción penal no adecuó su actuación a los lineamientos interpretativos expuestos en la SC 101/2004 de 14 de septiembre y de manera injusta determino la culminación del proceso por duración máxima del proceso, sin cumplir con una cuidadosa apreciación de la prueba al considerar además que la extinción operó de manera automática por el transcurso del plazo previsto por ley; se tiene que de una cuidadosa verificación de los antecedentes procesales la acción de amparo constitucional cumple con los presupuestos citados en el Fundamento Jurídico III.4. del presente fallo, por lo que corresponde ingresar al control de constitucionalidad; en ese contexto, del análisis de la actividad de valoración probatoria desplegada por las autoridades demandadas, se advierte vulneración a la subregla referida al “apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad”; entonces, siguiendo el razonamiento ya plasmado en las SSCC 0873/2004-R, 0106/2005-R, 0129/2004-R, 0797/2007-R y 0965/2006-R, entre otras, correspondía a las autoridades jurisdiccionales, observar la previsión del arts. 130 del CPP, con relación a los arts. 67 del Decreto Supremo (DS) 21060 y art. único del DS 173 de 17 de junio de 2009, que objetivizan los criterios de cómputo efectivo de los plazos procesales; así mismo, deben observarse otros criterios expresados en la doctrina legal emitida por la Corte Suprema de Justicia, siempre que esa interpretación no sea contraria a la Línea Jurisprudencial emitida por éste Tribunal en lo que se refiere a una correcta y objetiva arrogación de las causales de dilación al imputado o a su defensor.