SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0057/2010-R

II.2.  Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2006, el representado del recurrente, solicitó a la Jueza recurrida, el señalamiento de audiencia para la consideración de cesación de su detención preventiva por no haberse aprobado las certificaciones de domicilio y trabajo (fs. 7), misma que, previa disposición de la referida autoridad (fs. 7 vta.), fue celebrada el 12 de diciembre de 2006, en la que desestimó la petición con el argumento de que, si bien el imputado demostró tener domicilio, presentó un contrato de trabajo suscrito con un particular para desempeñarse como ayudante de construcción en un trabajo a futuro, es decir, condicionado a su libertad, contrato que fue presentado en tres oportunidades durante el proceso con diferentes términos, anomalías que generan una duda razonable en cuanto a la efectividad del mismo, pues queda latente la factibilidad de que una vez conseguida la libertad, el imputado se desplace a otro lugar del país o permanezca oculto, más aún si la afirmación del contratista de tener una obligación de construcción hacia la supuesta propietaria no ha sido demostrada. La restricción de la libertad del imputado no sólo se basó en los elementos de familia y actividad lícita, sino también en la facilidad de desplazamiento y el peligro de obstaculización, “segundo presupuesto que no ha sido enervado por el abogado defensor” (sic) (fs. 8 a 10 vta.). Resolución que tampoco fue recurrida de apelación incidental.