SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0093/2010-R

Ahora bien, entre las normas sobre medidas cautelares, se encuentran  las relativas a las medidas sustitutivas a la detención preventiva, y la finalidad y determinación de la fianza.  Así, el art. 241.I CPP expresa que "La fianza tendrá por exclusiva finalidad asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que se impongan y las órdenes del juez o tribunal" (las negrillas nos pertenecen). Esta norma, y las relativas a las medidas cautelares, entonces, se aplicaron a partir del 1 de junio de 2000, y deben aplicarse, en todos los procesos penales, sea que se tramiten con el Código de Procedimiento Penal de 1972 o con el vigente, conforme lo entendió, además el Tribunal Constitucional en las SC 0860/2001-R entre otras.

Por otra parte, en cuanto a la reparación del daño, los procesos iniciados con el Código de Procedimiento Penal de 1972, deben continuar con la aplicación de dichas normas, de acuerdo a la Disposición Transitoria Primera del CPP; entendimiento que fue asumido en la SC 1080/2003-R de 29 de julio, en la que se estableció que: "…concluido el proceso en todas sus instancias judiciales, y en ejecución de sentencia la calificación del daño civil debe ser solicitada al Juez que pronunció el fallo, es decir que conoció la causa principal, como lo dispone el art. 327 del citado CPP.1972, como ha ocurrido en autos en el que la recurrente acudió a la autoridad jurisdiccional para que proceda a la calificación y ejecución de la responsabilidad civil, trámite que derivó al Juez de Sentencia en aplicación errónea del código de Procedimiento Penal, sin tener presente que la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley dispone que las causas en trámite continuarán rigiéndose por el Código de Procedimiento Penal anterior" (En similar sentido las SSCC  19009/2003-R y 0255/2004-R, entre otras).