SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0668/2010-R
Fecha: 19-Jul-2010
2) En lo referente a la decisión del Tribunal ad quem y las excusas existentes ante la Corte Suprema de Justicia
La Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dictó Resolución 301/2004 de 25 de noviembre, anulando totalmente la Sentencia 01/2004 y dispuso la realización de un nuevo juicio por la vía del reenvío, decisión complementada mediante Auto de 11 de diciembre de 2004. En virtud a estos hechos, el acusador particular interpuso recurso de casación contra los Autos de Vista citados, radicándose la causa ante la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, instancia que mediante Auto Supremo 356/2005, dejó sin efecto la Resolución de la Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de La Paz, ordenando se dicte nuevo auto de vista.
Esta Sala, en fecha 2 de diciembre de 2005, por Resolución 347/2005, anuló totalmente la Sentencia apelada, aspecto que ocasionó la interposición de un nuevo recurso de casación por parte del acusador particular, pidiendo se deje sin efecto y nula esta decisión de segunda instancia; en virtud a este recurso extraordinario, la causa fue radicada nuevamente en la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, sin que se haya notificado a su mandante, y por causales de excusas remitieron el expediente ante la Sala Penal Segunda, que declaró legales las mismas radicando la causa mediante providencia de 20 de marzo de 2006, señalando que esta decisión “jamás fue notificado a mi representado de forma personal o impersonal” (sic).
Continúa su relato, señalando que José Enrique Lemaitre Ipiña, solicitó la excusa de la ministra Rosario Canedo Justiniano, autoridad que se allanó a dicha solicitud ordenando la remisión de obrados a la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, sin que el ministro Héctor Sandoval Parada se haya excusado o haya sido recusado, empero, esta autoridad “lejos de asumir la causa y convocar a otro Ministro mantuvo la ilicitud del acto ordenado por Rosario Canedo Justiniano en lo que respecta a la remisión de obrados a otra sala” (sic), señalando que con esta Resolución tampoco fue notificado Herbert Vaca Diez de ninguna forma.
Asimismo, en cuanto a las recusaciones antes señaladas, de manera textual señala que “los Ministros firmantes del Auto Supremo 633/2006 han vulnerado la regla del art. 14 de la CPE, referido a que sólo puede ser juzgado Herbert Vaca Diez por quien es competente, y los Ministros de la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia, jamás lo fueron” (sic); asimismo, señalan que se vulneró el derecho al juez natural en sus elementos competencia, imparcialidad e independencia.
- recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional,
- 1) En cuanto al proceso penal iniciado contra su mandante y las Resoluciones emitidas
- 2) En lo referente a la decisión del Tribunal ad quem y las excusas existentes ante la Corte Suprema de Justicia
- 3) En lo concerniente a la actuación de la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia
- 4) Respecto al incumplimiento del art. 15 de la Ley Organización Judicial abrogada
- 5) A cerca del contenido del Auto Supremo impugnado
- 6) En cuanto a la falta de motivación del Auto Supremo impugnado
- I.1.4. Petitorio
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- a)
- b)
- c)
- 1)
- 3)
- Fragmento 15
- II.1. En cuanto a la Sentencia dictada por el Tribunal Primero de Sentencia de El Alto
- II.2. En lo referente a los recursos de apelación restringida interpuestos
- II.3. En lo concerniente a la Resolución de las apelaciones planteadas
- II.7. En cuanto al Auto de Vista 347/2005
- II.8. En cuanto al último recurso de casación interpuesto por el padre de la víctima y las excusas planteadas
- Fragmento 21
- objeto
- III.1. Operatividad y aplicación en el tiempo del bloque de constitucionalidad
- “recurso de
- “accionante”
- recurso de amparo constitucional
- III.3. Las decisiones judiciales y la calidad de cosa juzgada
- las sentencias que cumplen los requisitos de formación señalados (respeto a derechos fundamentales), adquieren validez jurídica y se encuentran investidas de la autoridad de la cosa juzgada, situación en la cual el control de constitucionalidad, en resguardo de la seguridad jurídica es absolutamente improcedente. En contrario sensu, la sentencia que no cumpla con uno de los requisitos de formación referentes al respeto de derechos fundamentales, hace procedente el control de constitucionalidad, ya que en este caso, esta decisión solo reviste una calidad de cosa juzgada aparente.
- por tanto, si a través de los mecanismos internos de cuestionamiento a decisiones judiciales no se ha restituido el derecho al debido proceso, los afectados tienen la facultad de activar el control de constitucionalidad a través del amparo constitucional para lograr la nulidad de la decisión judicial contraria a la Constitución por vulnerar derechos fundamentales reconocidos y garantizados por ella.
- III.4. Características y fines del control de constitucionalidad
- siempre y cuando, los mecanismos internos para el cuestionamiento de las mismas no hayan brindado la tutela debida,
- III.7. Evolución de la jurisprudencia constitucional
- III.8.1. En cuanto a las recusaciones y la vulneración a la garantía del juez natural competente, imparcial e independiente
- cuyo “núcleo esencial” esta compuesto por los siguientes elementos a saber: a) la competencia, b) la imparcialidad, c) la independencia y d) la predeterminación del juez por ley; asimismo, su diseño dogmático, asegura un elemento adicional que se traduce en la prohibición de constitución de tribunales de excepción.
- es imperante señalar que todo juez o tribunal que conoce una causa tiene la obligación de resolverla, a menos que se encuentre comprendido en una de las causales antes citadas que puedan comprometer su imparcialidad o por algún impedimento establecido por ley,
- Fragmento 36
- III.8.3. En cuanto a la audiencia de fundamentación oral en casación
- este criterio, constituye una manifestación del principio prohomine en el ámbito procesal, en virtud del cual, la interpretación de una disposición constitucional, debe hacerse en el sentido que sea lo más accesible posible a un adecuado y recíproco sistema garantista, en el cual prevalezca más la justicia que cualquier formalismo extremo que obstaculice u obstruya una tutela constitucional efectiva,
- III.8.4. En cuanto a la vulneración del art. 15 de la LOJabrg
- III.8.5. En cuanto a la falta de motivación del Auto Supremo 366
- y la fundamentación o motivación
- APROBAR