SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0867/2010-R

El art. 115.II de la Constitución Política del Estado vigente CPE establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso tanto en el ámbito penal como en el sancionatorio administrativo-disciplinario, garantía que halla su consagración en el art. 117.I de la CPE, al señalar que: “Niguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”. En este sentido, el debido proceso es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia; en suma, se le de la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos; por cuanto, la garantía del debido proceso no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo.