SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1180/2010-R

Para hacer un análisis objetivo del caso, debemos necesariamente incurrir en el análisis objetivo no solo de la vulneración de derechos que se realizó durante el proceso administrativo ante la Prefectura del departamento de La Paz, puesto que de lo referido en el proceso se encuentra en juego el interés de un menor de edad.

En tal sentido, en primer lugar se debe llamar severamente la atención a las autoridades inmersas dentro del presente caso, ya que condujeron el proceso, como si el menor de edad fuera un objeto cualquiera y no una persona, no habiendo en ningún momento valorado su condición de ser humano y mucho menos, su condición de menor, encontrándose en tal calidad por la propia Constitución Política del Estado vigente que señala en su art. 60: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”, siendo consiguientemente el resguardar sus derechos, un interés superior del Estado.

De la misma manera, dentro de la normativa legal respecto a los niños, niñas y adolecentes, la SC 0130/2005-R de 10 de febrero, señaló que:  “El Código del niño, niña y adolescente (CNNA), que tiene por objeto establecer y regular el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña o adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia, en su art. 2 expresa que se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años y adolescentes desde los doce a los dieciocho años de edad cumplidos. El art. 5 de este cuerpo de disposiciones reconoce que todos los niños, niñas y adolescentes, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a toda persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye ese Código. Además -indica- es obligación del Estado asegurarles por ley o por otros medios, todas las oportunidades y facilidades tanto a mujeres como a varones, con el fin de garantizarles su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad", por consiguiente, la manera del manejo del proceso que se llevó a cabo, es inaceptable por el maltrato objeto que fue el menor de edad, especialmente por parte del tercero interesado Álvaro Cano Aguillón. Debemos pronunciar, que si bien el presente recurso es consecuencia de un proceso administrativo, así como de la existencia de un proceso judicial, al haber tenido conocimiento de los actuados la jurisdicción constitucional, es atribución de este Tribunal el poder determinar la corrección de conductas que puedan lesionar derechos y garantías constitucionales, más aún si de derechos de menores de edad se trata, en tal sentido y basados en el informe presentado por la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en la audiencia del recurso que fue transcrita en las consideraciones de esta Sentencia (expresada en el punto 1.2.3; consiguientemente, este Tribunal Constitucional, observa la existencia de actos penados por ley y que fueron cometidos por el tercero interesado contra el menor J.A.A.S., debiendo en consecuencia actuar de conformidad con el art. 102.II de la LTC, así como las medidas que estime oportunas.