SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1259/2010-R

La recurrente, adquirió de buena fe un vehículo en la Zona Franca Industrial de Patacamaya, para uso personal y no comercial; la agencia despachante, cumplió con todos los requisitos exigidos para la importación, ingresó al sistema de la Aduana Nacional, entidad en la que se validó y verificó la documentación sin efectuar ninguna observación, por lo que realizó el pago respectivo ante la entidad bancaria. Empero, se inició un proceso sumario contravencional por la presunta comisión del ilícito de contrabando, procediéndose a efectuar el acta de intervención contravencional, con la que no fue notificada de forma personal, por cédula, ni por edicto; posteriormente, la Resolución sancionatoria, tampoco le fue notificada. Interpuso recursos de alzada ante el Superintendente Tributario Regional de La Paz, cuestionando la aplicación de los DDSS 28141 y 28308 y la interpretación de la circular AN-GNNGC-DTANC-CC-0005/05 de 16 de diciembre de 2005; y jerárquico, ante el Superintendente Tributario General. En ambas instancias, se mantuvo la notificación efectuada por la Administración de la Aduana Zona Franca Industrial de Patacamaya, sometiéndola a un proceso ilegal, vulnerando sus derechos a la "seguridad jurídica", a la defensa, a la igualdad, a la propiedad privada y al debido proceso. En consecuencia corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos a los derechos fundamentales de la institución representada por el recurrente a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.