SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1333/2010-R

Previo al análisis de fondo de la problemática planteada, es preciso aclarar que los fundamentos utilizados por la Jueza de garantías para denegar la tutela solicitada no son atinentes; conforme al estudio de la normativa contenida en el DS 27328 (Texto Ordenado) y su Reglamento, que si bien fue abrogado por DS 29190 de 11 de julio de 2007, y éste a su vez por el DS 0181 de 28 de junio de 2009 (Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios); empero, al estar vigentes durante la licitación y en base a las cuales se convocó, desarrolló y finalizó este proceso, son de aplicación al caso concreto; es decir que, el DS 27328 y su Reglamento, se constituyen en la normativa en vigor y de desarrollo del procedimiento de licitación objeto de la presente causa.

En ese entendido, al ser una norma específica que regula el Subsistema de Bienes y Servicios, parte del Sistema de Administración y Control Gubernamental, regulado en forma general por la Ley de Administración y Control Gubernamentales, sus preceptos son de aplicación exclusiva a los procesos de contratación por licitación pública, es así que en lo referente a los recursos administrativos inherentes a los procesos de contratación por licitación pública y contratación por concurso de propuestas, el art. 155 del Reglamento del Texto Ordenado del DS 27328, determinó los siguiente: