SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1739/2011-R

El accionante alega que, las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la “favorabilidad”, a la presunción de inocencia, a la legalidad y a la igualdad jurídica, porque dentro del proceso penal que se tramita en su contra, rechazaron su solicitud de cesación a su detención preventiva; decisión que, apelada por su parte, demoró en su tramitación sesenta días, sin obtener resolución hasta la fecha, porque: i) El Tribunal de origen la remitió ante el Tribunal de alzada, cinco días después de su interposición; ii) La Sala Penal Segunda, donde radicó el recurso, devolvió obrados por no haberse adjuntado la papeleta de apelación; y, iii) No obstante el cumplimiento de la observación y su remisión a la Corte Superior, previo sorteo, esta vez, la Sala Penal Tercera, dispuso nueva devolución de obrados porque supuestamente las notificaciones se realizaron a los abogados del imputado y del querellante y no a ellos personalmente, sin constar poder que acredite su representación para dar por válidas dichas diligencias. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por la Jueza de garantías, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen persecución, aprehensión, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.