Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1740/2011-R
Fecha: 07-Nov-2011
II.1.
II.1. Por Resolución 007/2010 de 23 de junio, la Comisión de Fiscales compuesta por Edward Omar Mollinedo Pinedo, César Romano Molina e Isabelino Gómez Cervero, imputó formalmente a Juan Eduardo Olivo Gamarra y otro, la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, previsto en el art. 28 de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010. Solicitando la aplicación de la medida cautelar de carácter personal de detención preventiva, así como las de carácter real ahí detalladas (fs. 33 a 47).
- I.1.1. Hechos que la motivan
- I.2.1. Ratificación de la acción
- a)
- concediendo
- 1)
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 13
- III.1.Naturaleza jurídica, alcances y ámbito de protección de la acción de libertad: Su triple carácter tutelar
- III.2.De la persecución ilegal: Relación con la acción de libertad preventiva y restringida
- el segundo cause configurativo de la persecución ilegal tutelable a través de la acción de libertad, está constituido por todo acto que merced a una orden de detención, captura o aprehensión, que no cumpla con los presupuestos procesales establecidos para su legal emisión, esté destinada a suprimir, restringir o limitar el derecho a la libertad física
- Fragmento 17
- podrá justificar ante el juez o tribunal su impedimento; caso en el que se concederá al impedido un plazo prudencial para que comparezca
- III.3.1. De la justificación de inconcurrencia por certificado médico
- procurando alcanzar ese equilibrio ideal en la síntesis dialéctica garantía/eficiencia y con ello materializar la igualdad procesal de partes en el proceso penal
- Sin embargo, de manera excepcional, podrán presentarse certificaciones médicas no emitidas ni homologadas por los médicos forenses acreditados por el Ministerio Público, cuando éstos no existan en el lugar o se encuentren alejados de la zona y la premura y las circunstancias del caso así lo justifiquen; aspecto que, en el marco de la razonabilidad, deberá ser determinado por la autoridad competente.
- III.4. Análisis del caso concreto y si amerita la tutela constitucional
- APROBAR