SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0351/2011-R

b)    Siguiendo lo anterior, cabe aclarar al accionante, que si bien se formalizó la querella en su contra el 7 de mayo de 2009, de conformidad al art. 5 del CPP se tiene que: “Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o participe de la comisión de un delito”; es decir, la Jueza demandada consideró en la Resolución de 28 de mayo de ese año, el contexto íntegro de las circunstancias suscitadas tras la comisión del delito, incluido lo sucedido el 26 de abril del mismo año; cuya valoración corresponde a la legalidad ordinaria y no a esta jurisdicción, que se circunscribe a verificar que en esa labor interpretativa no se transgredan los principios constitucionales informadores del ordenamiento procesal penal.

       En ese lineamiento se pronunció la jurisprudencia constitucional, al afirmar: “Si bien, entonces, la justicia constitucional puede analizar la interpretación de la legalidad ordinaria en los supuestos anotados; empero, de conformidad a la SC 0085/2006-R de 25 de enero, es imprescindible que el recurrente fundamente en su recurso, ahora acción, qué valores o principios supremos fueron desconocidos, qué métodos o criterios de interpretación no fueron aplicados y qué derechos o garantías fueron vulnerados y por que motivos, siendo necesario además, que el accionante explique a qué resultado se hubiera llegado si la interpretación se efectuaba de diferente manera, conforme al siguiente razonamiento:

       '1. (…) por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional'” (SC 1209/2010-R de 6 de septiembre).