SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0352/2011-R

Los accionantes, a través de su abogado, ratificaron el tenor íntegro del contenido del memorial de la acción de amparo constitucional y ampliando el mismo señalaron: a) El art. 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), establece que la administración pública notificará a los interesados todas la resoluciones y actos administrativos que afecten sus derechos, en el caso no fueron tomados en cuenta dentro del proceso, pese a que el Jefe de Catastro Urbano de la Alcaldía Municipal de Oruro, tenía conocimiento que la propiedad pertenecía “al señor Aquino” y hermanos; b) El proceso administrativo sancionador ha sido llevado con un evidente fraude procesal, puesto que hace más de dos años atrás la Alcaldía Municipal ya quiso hacer uso de esos terrenos para la construcción del puente distribuidor vehicular, ante lo cual se dirigieron memoriales y notas al señor Aquino para expropiar su propiedad, reconociendo la Alcaldía expresamente la validez de la construcción que ahora se pretende demoler, inclusive se efectuó un avaluó ínfimo que no fue aceptado; c) El Alcalde Municipal de Oruro, cursó una nota al Concejo Municipal pidiendo emita ordenanza declarando de utilidad pública de esos predios, y al haber sido rechazada, se procedió a llevar adelante un amañado proceso sancionador para demoler las enormes construcciones de propiedad de la familia Aquino; y, d) Construcciones que fueron edificadas con la legalidad necesaria al contar con línea nivel, orden de amurallamiento, de construcción y registro catastral y que en ningún momento fue clandestina, siendo totalmente ilegal pretender demoler en base a un proceso que fue llevado en desconocimiento de la parte afectada.