SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0352/2011-R

En coherencia con lo señalado precedentemente, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, determinó las siguientes reglas y subreglas de improcedencia del recurso de amparo constitucional por subsidiariedad cuando:´…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiariedad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución´” (las negrillas nos corresponden) (SC 1273/2010-R de 13 de septiembre).

No obstante, también es evidente que de manera excepcional se hace abstracción del principio de subsidiariedad, pero en determinados casos y bajo el cumplimiento de ciertas exigencias, en las que se acredita un daño inminente o irremediable, convirtiendo así a los medios legales en ineficaces, razón por la cual se abre la tutela directa y no subsidiariamente; empero, debe tenerse el cuidado de que no sean casos provocados por la desidia de la propia parte accionante, para lo cual el juez o tribunal de garantías y este Tribunal Constitucional a su turno deben actuar con la debida objetividad y previsibilidad que el caso amerita.