SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0377/2011-R
Fecha: 07-Abr-2011
I.1.1. Hechos que la motivan
En comicios municipales de diciembre de 2004, resultó electo Concejal Titular del Municipio de Villa Huanuni; el 12 de diciembre de 2006, fue nombrado Alcalde de dicho Municipio, cargo que ejerció hasta el 30 de abril de 2008; fecha en la que miembros del Concejo Municipal en actitud revanchista, lo destituyeron y obligaron a renunciar a su cargo, inobservando disposiciones constitucionales y municipales. La solicitud de licencia de funciones, obedeció a presiones y amenazas a las que accedió en mérito a que en ese momento su hijo atravesaba problemas de salud, restablecida la misma, reiteró su pedido de reincorporación como Concejal Municipal, sin obtener ningún resultado, debido a la concomitancia existente entre los miembros de dicho ente y personas ajenas.
Desde la fecha que dejó el cargo de Alcalde Municipal no percibió su salario como Concejal Titular por instrucción de la Alcaldesa y tampoco lo restituyeron a sus funciones, no obstante las reiteradas solicitudes de reincorporación (octubre de 2008 y febrero de 2009) y no estar comprendido en ninguna causal de impedimento prevista en la Ley de Municipalidades (LM); recibió respuestas evasivas, sin asidero legal y ausentes de fundamentación jurídica.
- acción de amparo constitucional,
- I.1.1. Hechos que la motivan
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7
- II.8.
- II.10.
- II.11.
- II.12.
- II.14.
- II.15.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- III.2. Respecto de los requisitos de contenido
- III.3. Legitimación pasiva
- previniendo que en el supuesto que dicha autoridad ya no ejerza el cargo, ello no impida dirigirla contra el que la sustituya, pues la finalidad es el restablecimiento del derecho lesionado, empero, subsiste la responsabilidad personal de la anterior autoridad por los actos cometidos en ejercicio de sus funciones.
- por existir en su contra auto de procesamiento ejecutoriado en estrados judiciales,
- III.5.1. Derecho al trabajo y una justa remuneración
- III.5.2. Derecho de petición
- y el segundo relativo al ejercicio de funciones en los órganos del poder público,
- 2.
- no existió auto de apertura de proceso administrativo interno contra el accionante o acusación fiscal o formal que amerite su suspensión; por cuanto, los actos ejercidos por los demandados se tornan en ilegales y arbitrarios, dado que se apartaron de preceptos constitucionales y el procedimiento establecido en la Ley de Municipalidades para los casos en que las autoridades municipales deban ser suspendidas de sus funciones, respetando el debido proceso como garantía jurisdiccional de otros derechos fundamentales.
- Respecto de la falta de legitimación pasiva
- 2º Dispone