SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0377/2011-R

En el art. 285.II de la CPE, dispone que el periodo de mandato de las autoridades municipales Alcaldes o Concejales Municipales, será de cinco años, lo que significa que como regla general no podrán ser removidos de sus cargos hasta la conclusión de los mismos; empero, la Ley de Municipalidades, precisó la excepción, consistente en la suspensión temporal o definitiva por las causales previstas en el art. 34, al señalar: “I. La suspensión temporal del concejal procede por existir en su contra auto de procesamiento ejecutoriado en estrados judiciales, con el objeto de que pueda asumir su defensa o en los casos establecidos en la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y sus Reglamentos (…). II. La suspensión definitiva del concejal procede por haber sido condenado con sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, tener pliego de cargo ejecutoriado o sentencia judicial ejecutoriada por responsabilidad civil contra el Estado, o en los casos contemplados en la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y sus Reglamentos, cuando corresponda” (las negrillas son agregadas).

Consecuentemente, las autoridades del máximo órgano municipal ejercerán sus funciones, entre tanto no recaiga en su contra “auto de procesamiento o pliego de cargo ejecutoriados” y dado que dicha terminología responde al anterior sistema procesal penal, la jurisprudencia constitucional instituyó que el término acorde entre la Ley de Municipalidades de 28 de octubre de 1999 y la norma procesal penal de 2001 es “acusación fiscal o formal”.

Es preciso hacer referencia al proceso administrativo interno, previsto en los arts. 35 y 36 de la LM, el cual se desarrollará por la Comisión de Ética del Concejo Municipal, contra el Alcalde, Concejal y Agente Municipal, a denuncia de parte o de oficio por la comisión de un hecho. Proceso sumario que comprende las etapas de citación al denunciado dentro de las cuarenta y ocho horas de recibida la denuncia para que responda en el plazo de cinco días hábiles; la apertura de periodo de prueba para la presentación de descargos (diez días hábiles). A cuyo vencimiento, en el término de cuarenta y ocho horas elevará un informe ante el Concejo Municipal para que dicho ente con el voto de sus miembros, determine la procedencia o no de la denuncia, las acciones legales a seguir y la sanción aplicable, que según la gravedad del hecho podrá ser desde una llamada de atención verbal, amonestación escrita, sanción pecuniaria, remisión de obrados a la justicia ordinaria cuando se encuentre responsabilidad civil o penal y la suspensión temporal por existir auto de procesamiento ejecutoriado, o en su caso la suspensión definitiva por concurrir pliego de cargo ejecutoriado o sentencia judicial.