SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1294/2011-R

La Constitución Política del Estado, de acuerdo a la teoría constitucional concebida como el conjunto de reglas, principios y valores de rango supremo y que positivizadas o no, están destinadas a disciplinar la organización de los poderes estatales y a asegurar la vigencia plena de derechos fundamentales con idéntica jerarquía, pudiendo hacerlo a través de mecanismos eficaces para lograr su real protección.

Así, la Ley Fundamental boliviana, aprobada por referendo constitucional de 25 de enero de 2009, estableció la acción de cumplimiento, mediante la cual pretende resguardar el cumplimiento de su propio texto, además del cumplimiento de la ley, pues “el modelo de Estado asumido en Bolivia, constituye un verdadero Estado Constitucional de Derecho, establecido sobre valores universales y el principio fundamental de legalidad, sin desechar los principios generales de soberanía popular en el ejercicio del poder público y reforzando el principio de respeto y vigencia de los Derechos Humanos; pues se establece un amplio catálogo de derechos fundamentales, garantías constitucionales, principios y valores; además, se señalan como fines y funciones del Estado, entre otras, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE), se señalan como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3), así como también consagra de manera expresa el principio de legalidad y supremacía constitucional en el art. 410.I de la CPE, señalando que: 'Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución', añadiendo el segundo parágrafo que: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…” (SC 0258/2011 de 16 de marzo).