SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2172/2012

La Constitución Política del Estado, reconoce en el art. 19.I, que: “Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria”, de cuyo precepto la SCP 0348/2012 de 22 de junio, sostuvo: “…que la vivienda digna es un derecho fundamental de tercera generación emergente de los derechos económicos, sociales y culturales, persigue la satisfacción de las necesidades que tienen las personas, puede entenderse como derivado de los derechos a la vida y a la dignidad, porque se trata de un lugar digno para vivir, y no simplemente de un techo para estar o para dormir; sino que es una condición esencial para la supervivencia y para llevar una vida segura, digna, autónoma e independiente; es un presupuesto básico para la concreción de otros derechos fundamentales, entre ellos, la vida, la salud, el agua potable, servicios básicos, trabajo, etc.; de modo tal, que cuando se suprime su ejercicio, implícitamente, también se amenazan a los otros derechos. No obstante esa estrecha vinculación, no debe perderse de vista que a partir de su incorporación en la Constitución Política del Estado como derecho autónomo, es directamente justiciable, como los demás derechos fundamentales; y por lo tanto, es posible exigir su protección de manera franca, en aplicación a lo dispuesto por el art. 109.I del citado cuerpo normativo que señala: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”; en consecuencia, las vías o medidas de hecho asumidas al margen de la ley, destinadas a perturbar la vivienda de las personas, constituyen actos arbitrarios que merecen tutela inmediata a efectos de restablecer en forma eficaz los derechos conculcados, la misma que tendrá carácter de provisionalidad, hasta que el problema se dilucide en la vía competente” (lo resaltado nos pertenece).

De dicho razonamiento, se concluye, que la vivienda como derecho fundamental autónomo merece tutela constitucional de manera directa, dada su especial naturaleza y porque en el mismo se concretan otros derechos fundamentales, lo que justifica una tutela provisional a efectos de evitar la consumación del acto ilegal u omisión indebida en que incurra el servidor público, persona particular o colectiva y ante todo evitar un daño inminente, irreparable e irremediable y que una tutela tardía no restablecería.