SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2453/2012

En este sentido se pronunció el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0894/2012 de 22 de agosto, que afirmó: “Con relación a la obligación de fundamentación y motivación de las resoluciones que impongan medidas cautelares personales -como elemento del debido proceso-, la SC 0856/2011-R de 6 de junio, recogiendo anteriores pronunciamientos de esta jurisdicción, sostuvo: la SC 1141/2003-R de 12 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.1 ha determinado que: '…La aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes'” (las negrillas son nuestras).