SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0113/2013-L

Consiguientemente, tomando en cuenta los principios pro homine y de progresividad, deberá establecerse a partir del presente, que la suspensión de plazos establecidos en el art. 221 del CPC, es aplicable a toda situación en la que se presente solicitud de aclaración, complementación y enmienda de una resolución de carácter definitiva, debiendo computarse en mérito a ello, el plazo para interponer los recursos ordinarios o extraordinarios, a partir de la notificación con el Auto de explicación o complementación, lo que se encuentra directamente relacionada con lo dispuesto por el propio art. 55 del CPCo; en razón a que el auto a pronunciarse sobre la solicitud de aclaración, complementación o enmienda, llega a formar parte de la resolución final de la que se pidió su complementación. Circunstancia por la cual, y con la finalidad de uniformar criterios, tanto en la jurisdicción ordinaria y constitucional, se establece que el razonamiento constitucional esgrimido en la SC 0521/2010-R de 5 de julio, ya no es aplicable  -como precedente vinculante- a casos similares como el presente, así como tampoco a futuras acciones de amparo constitucional presentados en torno a hechos fácticos similares a los expuestos, debiendo por ello reconducirse dicho entendimiento constitucional y reasumirse el desarrollado en la SC 0261/2010-R de 31 de mayo, con la siguiente subregla que la aclara:

Los plazos para la interposición de los recursos ordinarios (como la apelación y casación entre otros) o las acciones de defensa (como la acción de amparo constitucional), se computarán de acuerdo a lo dispuesto por el art. 221 del CPC y del art. 55.II del CPCo respectivamente; es decir, a partir de la notificación con el Auto de explicación o complementación que fuese solicitado; siempre y cuando dicha solicitud, se la haya presentado dentro del plazo procesal establecido por el art. 196.2) del CPC; o sea, dentro de las veinticuatro horas siguientes, ya que si se hubiese presentado la solicitud de aclaración, complementación y enmienda de una resolución de carácter definitivo, de manera manifiestamente extemporánea y la misma haya sido rechazada por dicho motivo, no podrá ser aplicable el presente razonamiento, puesto que se entenderá que esta solicitud, fue realizada con la intensión de dilatar el proceso y obtener de esa manera, un plazo mayor para poder interponer los recursos ordinarios o acciones extraordinarias de defensa; debiendo en cuyo caso, computarse el plazo desde la notificación con la sentencia o resolución de carácter definitivo.

En este entendido, tomando en cuenta los razonamientos recientemente expuestos, se tiene que los Vocales ahora demandados, al emitir el Auto de Vista de 4 de febrero de 2011, vulneraron los derechos denunciados por el accionante, puesto que el cómputo del plazo procesal para interponer recurso de apelación debió habérselo realizado, desde el momento en el que se notificó a las partes, con la resolución de explicación o complementación que haya sido concedida o rechazada; bajo este razonamiento, se tiene de la revisión de antecedentes -formulario de notificaciones cursante a fs. 43- que el ahora accionante, fue notificado el “veintitrés” de julio de 2009 a horas 11:00 (fecha que si bien se encontraba en contradicción con la fecha establecida en forma numérica “22”; deberá prevalecer la primera por encima de la segunda, puesto que en los casos, en los que exista contradicción entre el tenor literal y el numeral de una cifra, deberá prevalecer la que se encuentre en literal); fecha desde la cual, se tiene que los diez días establecidos en el art. 220.1 del CPC, fenecían el 2 de agosto del mismo año, y como el ahora accionante presentó su recurso el 1 de agosto de 2011, se concluye que se encontraba dentro del plazo legal para la presentación del recurso de apelación; situación por la cual, se evidencia que los Vocales ahora demandados, al anular el Auto de concesión de la apelación, mediante Auto de Vista de 4 de febrero de 2011, vulneraron la garantía del debido proceso, y los derechos a la defensa y de impugnación del accionante. Motivo por el cual el Tribunal Constitucional Plurinacional, al evidenciar que las autoridades ahora demandadas, quebrantaron los principios constitucionales informadores del orden jurídico, como el de seguridad jurídica, el debido proceso así como el de impugnación, que forma parte del anterior, ya que a raíz de dicha interpretación errónea se privó al accionante, de acceder a que otra instancia judicial, revise las determinaciones asumidas en primera instancia, se ve por conveniente otorgar la tutela solicitada, en relación a este otro punto.