SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0569/2013-L

Por esto, se evidencia que existen dos situaciones fácticas que dieron origen a la restricción de libertad del ahora accionante, pero con el objeto de ingresar a revisar el caso concreto, lo que el accionante ataca en la presente acción de libertad es el cumplimiento del mandamiento de condena expedido el 2003, dentro del proceso penal que se le siguió por el delito de tráfico de sustancias controladas bajo el régimen de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, que fue expedido por el Tribunal Primero de Partido de Sustancias Controladas; y ese es el ámbito al que debemos avocarnos, pues el otro proceso penal que se le siguió por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, dentro del cual se expidió un mandamiento de detención preventiva que se ejecutó al mismo tiempo que el mandamiento de condena aludido, no es objeto de la presente acción; es decir, que debe atenderse el proceso señalizado en el inc. i), por corresponder a la presente causa y no así el otro. Por otro lado, se debe referir que los procedimientos constitucionales no son nuevos para el accionante, pues durante la tramitación de los procesos penales identificados, ha interpuesto doce acciones constitucionales, incluida la actual; y de la revisión minuciosa de éstas, se hace evidente que Robin Rosales Ágreda, así como sus representantes, basan sus argumentaciones principalmente en las decisiones de los Jueces o Tribunales de garantías que les otorgaron la tutela en la fase de decisión, pero deliberadamente omiten señalar que aquellas decisiones que les fueron beneficiosas en un primer momento, fueron posteriormente revocadas por el Tribunal Constitucional en la fase de revisión, tal es el caso de las SSCC 0253/2010-R, 2461/2010-R, 2273/2010-R y