SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0897/2013

A pesar de la instrucción efectuada por parte del Comandante General de la Policía, el Director Jurídico de manera verbal les habría indicado que no existiría solución alguna y que en todo caso deberían de estar pendientes a los resultados del proceso penal, por lo que ante la falta de propuestas de solución, y las respuestas evasivas que recibieron por parte de COVIPOL, presentaron una propuesta de solución mediante la nota de 30 de julio de 2012, dirigida al Director Ejecutivo de COVIPOL y al Comandante General de la Policía Boliviana para la prosecución del proyecto, el que se basaría en cuatro puntos: a) Acordar con COVIPOL y la empresa constructora que el monto restante del desembolso sería cubierto por los miembros del COVI y no así por COVIPOL, debiendo terminarse la obra en seis meses; b) Una vez concluida la obra, proceder al descuento por planilla conforme se estableció inicialmente; c) Toda vez que los garajes y tiendas serían de responsabilidad de la empresa, que las mismas las venda para terminar la construcción del complejo sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran existir; y, d) Una vez concluido el proyecto, proceder a un control posterior, realizando auditorias correspondientes, según la Ley de Administración y Control Gubernamentales y sus decretos reglamentarios, además de las normas de reglamentación interna.

Ante la propuesta realizada, el Comandante General de la Policía Boliviana emitió el memorándum 671/2012 recepcionado por COVIPOL en fecha 8 de agosto de 2012, por el que se instruyó una valoración técnica y legal de la propuesta planteada, disponiéndose posteriormente la realización de los estudios correspondientes, emitiéndose los informes de asesoría legal DAJ 323/2012 de 17 de agosto, del área técnica 0127/2012 de 15 de agosto y el informe financiero CITE DAF 056/2012 de 17 de agosto, los mismos que realizan puntualizaciones de los pasos necesarios para la propuesta del COVI; los tres informes coincidían en la necesidad de dar una solución al conflicto; sin embargo, en una actitud similar a la adoptada anteriormente, el Director Ejecutivo de COVIPOL remitió los citados informes en esta ocasión al Ministerio de Transparencia, mediante CITE D.E. 624/2012 de 18 de septiembre, y al Fiscal Anticorrupción Aldo Ortiz, mediante CITE 625/2012 de la misma fecha, indicándoles que debían esperar el visto bueno de ambas autoridades, sin que las mismas tengan competencia alguna respecto al desarrollo del proyecto habitacional.

Ante esta nueva actitud dilatoria, enviaron notas el 31 de agosto y el 2 de octubre de 2012, reiterando su pedido de dar una solución al proyecto habitacional, sin que hayan obtenido respuesta alguna; el 4 de igual mes y año, solicitaron a la referida Empresa Constructora que facilitara a COVIPOL los documentos exigidos por el área técnica, sin resultados positivos, para que posteriormente solicitaran el 12 del indicado mes y año, a COVIPOL ser escuchados por su Honorable Junta Directiva, con presencia del Comandante General; la intención de acudir al departamento social de COVIPOL para la emisión de informes, y de solicitar que se efectivizaran los descuentos, de pedir la intervención de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Gobierno se habrían visto finalmente truncadas en 18 del mencionado mes y año, porque se les hizo conocer el CITE D.E. 711/2012 por el cual el Director Ejecutivo de COVIPOL, rechazó la propuesta planteada en mérito a que la institución no reconoció la viabilidad de ninguna propuesta, de solución alternativa entendiendo que el proyecto habitacional “Francisco Valle” se encontraría sujeto a un proceso judicial, por lo que mientras se sustancie el citado proceso sería improcedente modificar o interceder en el mismo, tal suspensión de la obra no fue determinado por el fiscal ni por el Juez de la causa, por lo que ese sería el motivo de la presente acción, ya que COVIPOL para rehuir el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales se excusa en que la continuidad del proyecto es una decisión que se debería tomar en el proceso penal, cuando saben muy bien que la jurisdicción penal se activa para investigar, juzgar y en su caso sancionar a una persona por un hecho determinado, y lo único que puede establecer es la inocencia o culpabilidad de una persona, no así la continuidad o no de un proyecto habitacional.

Los actos anteriormente detallados, constituirían un incumplimiento y dejadez de sus funciones, al no dar ninguna solución y esperar a que termine un proceso penal para definir su situación, lo que implicaría una irresponsabilidad, ya que primeramente indican que debe hacerse una auditoria previa antes de pronunciarse sobre alguna propuesta para luego señalar que debe esperarse a que concluya el proceso penal, lo que trae posiciones contradictorias sobre un mismo punto, lo que fue reclamado mediante nota de 5 de noviembre de 2012, la que fue ignorada, por lo que se opera el silencio administrativo negativo, rechazándose la solicitud de dar continuidad al proyecto.

La constante actitud dilatoria de las autoridades demandadas, habrían vulnerado sus derechos fundamentales a la vivienda digna y a la dignidad, teniendo en cuenta que la vaguedad del contenido del art. 19 de la Constitución Política del Estado (CPE) se concreta en la obligación de COVIPOL, de satisfacer la necesidad habitacional de los miembros de la Policía Nacional, que cuenta con una regulación expresa, sus propios recursos económicos, sus niveles de decisión y de asesoramiento, por lo que es la entidad competente para dar solución a este tipo de conflictos.

No debe perderse de vista que los integrantes del COVI son propietarios del proyecto “Franco Valle”, ya que con la presencia del Notario, Marcelo Eugenio Baldivia Marín -el 15 de noviembre de 2008- y ante la Notaria Gimena Galea Cordova -el 27 de agosto de 2009- se procedió al sorteo de departamentos disponibles en el Condominio “Franco Valle”, generándose un derecho subjetivo definido y una titularidad concreta y específica respecto al financiamiento de una vivienda, como se evidencia de los listados aprobados de los adjudicatarios y de los planes de fraccionamiento presentados por la empresa, donde cada adjudicatario aparece como titular de un departamento, lo que genera también una expectativa legitima por parte de sus personas respecto de la institución de la cual son afiliados.

De lo anteriormente relacionado en el presente punto se establece que COVIPOL, a través de sus representantes, que son los niveles de decisión, al negar de forma sistemática la posibilidad de dar continuidad al proyecto y por tanto cumplir con una obligación prestacional de otorgar financiamiento a los miembros del COVI para la obtención de una vivienda digna, vulnerando no solamente su derecho a la vivienda, al negarles una prestación para la cual están plenamente habilitados al cumplir los requisitos legales exigidos, sino el derecho de toda una colectividad; en síntesis, se denuncia el incumplimiento de los deberes establecidos en los arts. 19.II de la CPE, 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 25 inc. 1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y 11.2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que también son normas constitucionales que establecen deberes claros y son de aplicación directa, conforme establece el art. 109.I de la Norma Suprema; aparte de las normas constitucionales aludidas, se incumplieron los deberes contenidos en los arts. 2 y 3 incs. a) y b) del DS 15790 de 11 de septiembre de 1978, y los arts. 1; 6; 7 inc. a); 9 incs. b), e), h), i); 23 incs. b) y c) y el art. 28 incs. b), c) y d) del Estatuto Orgánico de COVIPOL aprobado mediante DS 22600 de 20 de septiembre de 1990, modificado por el DS 26950 de 8 de marzo de 2003, constituyendo normas legales en sentido material, además de cumplirse con los deberes contenidos en los arts. 3; 5 inc. a); 10 incs. a), b) y f); y, 18 inc. c) del Reglamento de préstamos de COVIPOL, el mismo que poseería carácter de generalidad y por tanto es una ley en sentido material.

Los artículos citados del DS 15790, establecerían el deber de COVIPOL de planificar, programar, supervisar y adjudicar viviendas de interés social para los miembros de la Policía Boliviana, participando en la política de vivienda del Estado Boliviano, política que debería enmarcarse en la Constitución Política del Estado, y por ende en el art. 19.II de la misma Norma Suprema, por lo que precisamente este  deber fue incumplido, pues no se ha planificado, programado ni supervisado adecuadamente el proyecto habitacional “Franco Valle”, así como también se rehúye el adjudicar el proyecto habitacional a los miembros del COVI “Franco Valle”, pese a haber cumplido son los requisitos exigidos por las normas del COVIPOL.

Respecto a las normas citadas del DS 22600, reformado por el DS 26950, los mismos establecerían que COVIPOL es una institución con autonomía de gestión, lo que implicaría que tiene las potestades para tomar decisiones sobre los proyectos llevados por la institución, que en el presente caso rehúye este deber al señalar que no se puede tomar ninguna decisión y que se debe esperar a que termine un proceso penal que nada tiene que ver con el funcionamiento de la institución, teniendo el presidente del consejo -el Comandante General- la obligación de velar por el cumplimiento de los fines de la institución y de su normativa y supervisar el desenvolvimiento de las actividades del consejo -art. 23.b) y c)- lo cual ha sido incumplido al no buscar y proponer a través de sus asesores soluciones para la terminación del complejo; y el Director Ejecutivo, que tiene los deberes de hacer cumplir el Estatuto y los reglamentos de la institución y ejecutar las resoluciones aprobadas por la junta directiva, establecer modelos de planificación, dirección y evaluación de las actividades técnico administrativas y conservar el patrimonio del consejo, está incumpliendo sus deberes al no ejecutar las Resoluciones 11/08, 42/08 y 48/08 que dispondría la ejecución del proyecto habitacional “Franco Valle”, sin velar tampoco por el patrimonio del consejo pues el negar la continuación del financiamiento impide la recuperación del monto invertido a través del descuento a los adjudicatarios.

Víctor Hugo Carrasco Jaldín, Director Ejecutivo de COVIPOL, por medio de su abogada, en audiencia, de manera oral informó lo siguiente: a) El consejo de vivienda social no se rehusó en ningún momento a ejecutar la norma constitucional, como tampoco a dar cumplimiento al derecho a la vivienda digna como claramente lo estableció la parte accionante a través de las Resoluciones de la honorable junta directiva 1108, 4208 y 4808, en las que se reconoció al Comité de Vivienda “Franco Valle” y se autorizó que se procedan con los desembolsos para ejecutar dicho proyecto habitacional; b) En mérito a lo anteriormente señalado, COVIPOL desembolsó $us3 210 000.- que correspondería al 90% de la obra, pero en relación al avance físico de la misma, esta llegó al 71 %, por lo que no sería proporcional el desembolso efectuado con el avance de la obra, motivo por el que se procedió a la paralización de la obra que no estaba ejecutada conforme los desembolsos, protegiendo con ese acto el patrimonio del mencionando Consejo, que correspondería al patrimonio de todos los funcionarios policiales; y, c) El proyecto habitacional “Franco Valle” seguiría vigente, sólo que se paralizó en protección al patrimonio de COVIPOL, por lo que el único ente de decisión que rige, como lo establece el art. 11 de su estatuto orgánico, es la junta directiva que se encuentra trabajando y buscando una solución para la continuidad del citado proyecto habitacional, motivo por el que no se habría vulnerado derecho fundamental alguno de la parte accionante.