SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0897/2013
Fecha: 20-Jun-2013
I.2.3. Intervención de los terceros interesados
Carlos Rodríguez, representante del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, informó que actualmente se estaría substanciando un proceso penal ante el Ministerio Público radicado en el Juzgado de Tribunal Departamental de Justicia, y que dentro de las atribuciones determinadas por el Decreto Supremo 89894, en su art. 28 inc. b) determina que se encuentra el de realizar la investigación, seguimiento y monitoreo de procesos judiciales contra la corrupción y la falta de transparencia; de otro lado sostiene, que de la estructura del Órgano Ejecutivo, el Ministerio de transparencia no tendría facultades para resolver la solicitud del impetrante.
Juan Carlos Marín, representante del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, sostiene que COVIPOL sería una entidad con autonomía de gestión y consiguientemente, con su Director Titular se constituirían en los principales responsables de dar una solución dentro del presente caso, ya que el Ministerio de Obras Públicas como una entidad cabeza del sector simple y llanamente tendrían la facultad de tuición.
Mario Alberto Patiño Millan, representante de la Empresa Constructora Patiño & Patiño, al ser la empresa que estaría construyendo el complejo habitacional “Franco Valle”, señalo que sería necesario aclarar ciertos puntos del contrato, advirtiendo que la empresa a la que representa sería propietaria de un lote de terreno ubicado en la urbanización “12 de octubre” donde se lleva a cabo la mencionada construcción, por lo que ofertó en venta departamentos para quienes lo requirieran a distintas instituciones; además, tomó contacto con los miembros del COVI, que necesitaban departamentos y un parqueo, tomando en cuenta que el COVIPOL es una entidad descentralizada del Estado y autónoma en gestión, contando con la capacidad para financiar a los adjudicatarios, por lo que esta entidad les reconoció su personería jurídica y posesionó a la directiva del referido Comité.
Los miembros del COVI solicitaron el financiamiento a COVIPOL, que terminó aceptando el financiamiento de este condominio, por lo que se suscribe el contrato de obra de doscientos departamentos y ciento cuarenta parqueos, en el que los precios serían de $us17 000.- (diecisiete mil dólares estadounidenses) por cada departamento y $us1 000.- (mil dólares estadounidenses) por cada parqueo, haciendo un total de $us541 000.- (quinientos cuarenta y un mil dólares estadounidenses), obra que al momento se encontraría paralizada por la falta de desembolsos, que deberían realizarse mensualmente, por lo que sostienen que como terceros interesados no tendrían el interés en que se rescinda el contrato, sino que tienen la voluntad de concluir el contrato y entregar los departamentos a cada uno de los adjudicatarios así como los parqueos, por lo que sostienen que debería hacerse el resto del desembolso, pagar conforme al contrato y cobrar los aportes mensuales que los miembros del COVI, estando dispuestos a pagar como afianzados.
- acción de cumplimiento
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.1.2. Norma Constitucional o legal supuestamente incumplidas
- conceda
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- i)
- I.2.3. Intervención de los terceros interesados
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre la naturaleza jurídica de la acción de cumplimiento
- iii) Tiene como objeto -conforme se verá- garantizar el cumplimiento de la Constitución y la ley y, en tal sentido, protege el principio de legalidad y supremacía constitucional y la seguridad jurídica; y, iv) Tutela de manera indirecta derechos fundamentales y garantías constitucionales
- Cabe resaltar que esta garantía constitucional jurisdiccional está prevista en nuestra Constitución como una acción de defensa, entendiéndola como la potestad que tiene toda persona -individual o colectiva- de activar la justicia constitucional en defensa de la Constitución Política del Estado y de las normas jurídicas, ante el incumplimiento de deberes concretos contenidos en ellas.
- debe circunscribirse a un deber específico previsto en la norma.
- sino que debe demostrarse la actitud renuente -manifiesta y fehaciente- de la autoridad demandada, que puede deducirse de su silencio prolongado.
- se afirma que la inclusión de esta acción dentro del catálogo de garantías enunciadas en el texto constitucional, responde a la necesidad de precautelar el sometimiento de la administración pública a la ley, en procura de frenar la mora o resistencia en el cumplimiento de mandatos contenidos en preceptos legales, que afecten -directa o indirectamente- intereses de los particulares, vinculados con el acatamiento del deber omitido.
- III.2. Sobre l
- no es posible sostener que su objeto sea la tutela de derechos subjetivos, ello contrariaría a su ratio essendi, que es sin duda la efectivización de los mandatos constitucionales y de orden legal e implicaría una interpretación que reduciría el contenido constitucional del art. 134.I de la CPE y confundiría la tutela de la acción de cumplimiento con la de amparo constitucional por omisión
- en sentido de que la acción de cumplimiento no tiene por propósito la tutela de derechos subjetivos
- De acuerdo a dicha norma, la acción de cumplimiento resulta improcedente cuando en los procedimientos de la administración se alegue vulneración a derechos y garantías constitucionales tutelados por la acción de amparo constitucional.
- si bien los hechos y derechos denunciados no responden al ámbito de protección de las acciones tutelares presentadas; empero, de manera incontrastable se verifica una flagrante lesión a derechos fundamentales y garantías constitucionales
- III.3. La reconducción o reconversión de acciones y la jurisprudencia constitucional
- atendiendo a los fines de la justicia constitucional y con la finalidad de garantizar su acceso, el Código procesal constitucional le ha dotado de principios procesales que permiten que los procesos constitucionales alcancen el objetivo de tutela inmediata de los derechos fundamentales, como el principio de impulso de oficio, por el que las actuaciones procesales deben efectuarse sin necesidad de petición de las partes, celeridad, que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación, concentración, por el que debe reunirse la mayor actividad procesal en el menor número de actos posibles y, fundamentalmente, el no formalismo,
- A dichos principios debe sumarse el principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, el principio pro-actione y la justicia material, que derivan de las características de los derechos fundamentales y de los criterios constitucionalizados de interpretación y se conectan con los principios de celeridad y no formalismo.
- se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos.
- el principio pro-actione, asegura que a través de la ponderación de los derechos para el análisis de los casos concretos en los cuales exista una manifiesta, irreversible y grosera vulneración a derechos fundamentales, debe prevalecer la justicia material a cuyo efecto, su labor hermenéutica de ponderación, generará la flexibilización a ritualismos extremos para que en casos graves se repare un derecho manifiesta y groseramente vulnerado, así, el rol del control de constitucionalidad, en virtud del cual, la justicia formal ceda frente a la justicia material’
- la reconducción de acciones es posible en sede constitucional cuando los jueces y tribunales de garantías, así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, adviertan que es imprescindible otorgar una tutela inmediata a los derechos y garantías invocados, ya sea porque, de postergarse la tutela, ésta sería tardía, tornándose en irreparable la lesión a los derechos o garantías de la o el accionante, o porque se trata de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad, que merecen una atención prioritaria por parte del Estado y de la justicia constitucional, la cual no puede subordinarse a aspectos formales que demoren la tutela de sus derechos.
- III.4. Sobre la definición y contenido del derecho a la vivienda
- II.
- III.5. Excepción a la subsidiariedad y subreglas de aplicación
- daño
- III.6. Análisis del caso concreto
- denegar
- 2º INSTRUYE