SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1002/2013-L

Refiere que en virtud a su estado de salud (al ser diabético en etapa terminal, no vidente, con el miembro inferior izquierdo amputado, y enfermo renal -con trasplante de riñón-), el Juez ahora demandado -previa verificación de su estado de salud- dispuso su traslado a una clínica hospitalaria, donde posteriormente se celebró una audiencia en la que se le otorgó el beneficio de cumplir su condena con arresto domiciliario, que al presente viene cumpliendo en forma disciplinaria.

Indica que con el pasar del tiempo, se vio desprovisto de recursos económicos para comprar los medicamentos que necesita para vivir, así como para cubrir las necesidades básicas de su hogar como padre de familia; por esta razón, solicitó a la autoridad judicial ahora demandada que le otorgue salida al trabajo, acompañando la prueba respectiva de gastos mensuales en medicamentos, no obstante, el referido Juez rechazó su solicitud en dos oportunidades -el 31 de mayo y 1 de septiembre de 2011-.

Sostiene que efectúa su solicitud para poder sobrevivir el tiempo que le resta,  dado que, a sus sesenta años de edad, debe costear los medicamentos que ascienden al monto de Bs4 000.- (cuatro mil bolivianos), puesto que el Colegio de Abogados al que se encuentra afiliado no le brinda ningún apoyo económico ni médico en las especialidades de las que sufre; caso contrario, automáticamente por su insuficiencia renal, sufrirá deficiencias y “morirá”. Por último afirma, que en su condición de abogado libre con arresto domiciliario, ejerce su actividad desde su domicilio -Calle Santibañez 544- con el apoyo de dos asistentes jurídicos (que son sus ojos y su pierna mutilada), a los que no consigue remunerar, y se ve impedido de atender a su clientela, por no tener la autorización de salir a las audiencias públicas, que de alguna manera le permitiría conseguir los recursos económicos para subsistir.