SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1399/2013

         Ahora bien, es importante considerar la voluntad del legislador en lo concerniente a uno de los requisitos de validez de las resoluciones judiciales; así, el art. 124 del CPP, señala: “(Fundamentación).- Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba.

         De la norma citada es factible concluir que, toda decisión judicial debe tener la respectiva y detallada fundamentación y motivación. Doctrinalmente, la fundamentación implica que, toda decisión judicial debe tener como fundamento o pilar, el orden jurídico normativo; es decir, la Constitución Política del Estado, normas del bloque de constitucionalidad y todo acervo normativo aplicable al caso concreto; entre tanto, motivación implica la explicación de las razones y motivos que guiaron a la autoridad judicial a decidir de una forma tal, sin que ello signifique una consideración meramente jurídica, pudiendo ser también cultural, sociológico, entre otras.

         Por otro lado, la norma adjetiva penal citada anteriormente señala que, la resolución judicial debe contener además el valor otorgado a los medios de prueba, lo cual implícitamente alude a una razonable valoración de las pruebas, exigencia que armoniza con el respeto y la vigencia del debido proceso.

         Entonces, en materia de medidas cautelares, la norma procesal penal exige que las pruebas llevadas a consideración de la autoridad judicial deben ser evaluadas de manera integral. Al respecto, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, señaló: “Cabe precisar que la expresión 'evaluación integral' que utilizan ambos preceptos glosados, implica que el órgano jurisdiccional debe hacer un test sobre los aspectos positivos o negativos (favorables o desfavorables) que informan el caso concreto, de cara a los puntos fijados por la ley para medir tanto el riesgo de fuga como el de obstaculización; de tal modo que de esa compulsa integral, se llegue a la conclusión razonada sobre si existe o no riesgo de fuga u obstaculización. En esta evaluación, unos puntos pueden reforzar, o por el contrario enervar o eliminar los riesgos aludidos; lo cual, naturalmente, debe ser expuesto por el juez en la resolución que emita de manera coherente, clara y precisa”.