SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1399/2013

         El Constituyente boliviano, instituyó en la Norma Suprema del Estado los medios de defensa de los derechos fundamentales, de ahí que la acción de libertad se erige como un mecanismo constitucional sencillo, cuya vocación es proteger el derecho a la vida, la libertad física y de locomoción, contra acciones y omisiones de servidores públicos y personas particulares que supriman, restrinjan o amenacen de restricción o supresión a los derechos antes referidos.

         La presente acción de defensa se constituye en una garantía de naturaleza jurisdiccional, prevista en el art. 125 de la CPE, que señala: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

         Entonces, del análisis de la norma citada anteriormente es posible concluir que, este mecanismo constitucional se activa en los supuestos claramente identificados, como ser, acciones u omisiones que afecten el derecho a la vida, a la libertad física y la libertad de locomoción, mismos que constituyan procesamiento indebido y, acciones y omisiones que signifiquen persecución ilegal o indebida. De cuyo análisis es posible concluir que, la acción de libertad es el mecanismo apropiado para tutelar el derecho al debido proceso, bajo ciertas condiciones.