SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0119/2014

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 21 de 30 de julio de 2013, cursante de fs. 374 a 376 vta., por la que concedió la tutela solicitada, disponiendo la reincorporación inmediata del accionante, como miembro de la Policía Boliviana, en el cargo y grado que ostentaba al momento de ser separado de la institución, sin derecho a los haberes mensuales devengados; esto con los siguientes fundamentos: i) Respecto al principio de subsidiariedad, se verificó que en el presente caso no existe ningún proceso administrativo ni resolución que disponga la baja del accionante de la institución policial; por lo que, al no haber un instrumento legal que pueda impugnarse, el accionante, no pudo recurrir a ninguna instancia administrativa o judicial; ii) En relación al principio de inmediatez se tiene que, al no haber una Resolución definitiva que determine la sanción, no se pudo computar el plazo previsto por el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); pues, el tiempo no se cuenta a partir de la respuesta otorgada por la Dirección de RR.HH. de la FELCN, sino desde el fallo final que vulnera los derechos y garantías constitucionales; por tanto, los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo constitucional, no se aplican al presente caso; iii) De acuerdo a uno de los informes del Departamento de RR.HH. de la citada entidad, el accionante, fue dado de baja previo a un proceso administrativo que se encontraría ejecutoriado; sin embargo, las autoridades demandadas, no han exhibido el mencionado proceso ni la resolución; tampoco han dejado constancia documentada de que el accionante, habría sido notificado con dicho fallo, demostrando desde qué fecha podía plantear una acción de defensa; teniéndose en cuenta que no se puede acreditar una ejecutoria si no se demuestra, de manera objetiva, la existencia de un proceso administrativo contra el accionante; y, iv) Por lo expuesto, al no haberse justificado la baja de Juan José Guzmán Crespo, accionante dentro de un proceso administrativo, se han violentado sus derechos al debido proceso, a la defensa, a ser oído y vencido en un juicio justo, a la presunción de inocencia, a la dignidad humana y al trabajo.