SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0178/2014-S2

En relación a la obligación del Estado de resguardar y garantizar el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1207/2012 de 6 de septiembre, estableció: 'En este mismo sentido se encuentra la uniforme jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que integra el denominado bloque de constitucionalidad internacional, así en la Sentencia de 16 de agosto de 2000, dentro del Caso Durand y Ugarte vs. Perú, sostuvo: «…toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos», sin que puedan alegar la falta de recursos humanos, económicos, técnicos o de otra naturaleza, pues conforme al art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados deben: «…adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades» y conforme la sentencia de fondo, reparaciones y costas de 3 de abril de 2009 dentro del caso Kawas Fernández vs. Honduras' En este sentido, los Estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser humano.

Ahora bien, si inicialmente la tutela del derecho a la vida debe ejercerse por las autoridades penitenciarias, dicha obligación alcanza a todo el aparato estatal, así en la sentencia de 2 de septiembre de 2004, dentro del caso «Instituto de Reeducación del Menor» la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo: 'Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones, y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna'.

Finalmente y a efectos de resolver la presente causa, la posición de garante provoca la responsabilidad del Estado y sus órganos incluso frente a actos de terceros, así en la sentencia de 28 de enero de 2009, dentro del Caso Perozo y otros vs. Venezuela la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que: 'La Corte ha señalado que la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos violatorios cometidos por terceros, que en principio no le serían atribuibles. Esto ocurre si el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes que se encuentren en posición de garantes de derechos humanos, las obligaciones erga omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención', y para determinar esta responsabilidad «Debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía, considerando la previsibilidad de un riesgo real e inmediato», aspectos que sin duda deben considerarse por los jueces, fiscales, policías y personas en posición de garante respecto a las personas privadas de su libertad…” (las negrillas son nuestras).

Por otra parte, la SCP 1341/2014 de 30 de junio, señalo: “En ese sentido, siguiendo la línea establecida por la jurisprudencia constitucional y del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, en cuanto a la obligación del Estado en su posición de garante frente a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, es obligación del mismo a través de todas sus instancias, garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, que como bien lo dice la referida jurisprudencia, por su condición están limitados de ejercerlos por cuenta propia.

Conforme lo establecido en el art. 18 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS); es el juez de ejecución penal o en su caso el juez de la causa, la autoridad encargada de garantizar un permanente control jurisdiccional en estricta observancia de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad, debiendo dicha autoridad conocer toda denuncia de vulneración o amenaza de restricción de derechos a fin de que éstos sean protegidos y/o restituidos de forma inmediata. Al respecto, la misma normativa en su art. 37, ha establecido que si un interno considera que corre riesgo su integridad física puede solicitar a dicha autoridad judicial el traslado a otro establecimiento penitenciario”.