SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1139/2014

c)Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

Respecto al supuesto del inc. b), podemos encontrar su antecedente contenido en la SC 0570/2006-R de 19 de junio, señaló que: “…para resolver y compulsar cualquier solicitud que se encuentre vinculada con el derecho a la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional o el juez o tribunal del juicio, deberá fijar la audiencia con la prontitud que el caso aconseja, o en su caso, dadas las circunstancias que puedan presentarse, dentro de un plazo razonable. En ese contexto, tanto autoridades judiciales, fiscales u otras autoridades administrativas, deben atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el derecho a la libertad, con la mayor celeridad posible, con la finalidad de que la situación jurídica de las personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin dilaciones indebidas”. Entendimiento reiterado en diferentes fallos constitucionales, así por ejemplo la SCP 0768/2014 de 21 de abril, que además de asumir el mismo, precisó que: “…la autoridad a cargo del control jurisdiccional tiene la obligación de velar por los derechos y garantías constitucionales, debiendo señalar la audiencia dentro de un plazo razonable y brevísimo, tomando en cuenta la vulneración al derecho de la libertad del accionante, sin que pueda ser una excusa la sobrecarga laboral ante la obligación y eficiencia por la que se debe guiar la autoridad judicial. Por otro lado, el art. 132 de CPP, determina un plazo de veinticuatro horas en el cual el juez debe pronunciarse sobre las solicitudes de mero trámite”.

Asimismo, con relación al supuesto contenido en el inc. c), que también se encuentra vigente, la SCP 0231/2012 de 24 de mayo, señaló que: “…no puede suspenderse una audiencia de cesación a la detención preventiva por causas o motivos que no justifiquen la suspensión, tales como la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante habiendo sido notificadas legalmente, por cuanto el Ministerio Publico en virtud al principio de unidad, puede ser representado por otro fiscal, y la participación del querellante es potestativa” (entendimiento asumido por la SCP 0770/2014 de 21 de abril, entre otras).