SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0274/2015 S-1

Tanto la jurisdicción ordinaria como la administrativa, están en la obligación de observar el principio de congruencia, entendida en términos generales como la correspondencia que se da entre lo pedido y lo resuelto, con cita pertinente de la normativa aplicable al caso, razonamiento integral sobre la prueba aportada, como refiere la jurisprudencia prevista en la                  SC 0486/2010-R de 5 de julio que señala: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas nos pertenecen).