SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0337/2015-S3

Nuestra jurisprudencia constitucional, estableció que la motivación y fundamentación de las resoluciones se constituye en parte integrante del debido proceso, previsto en los artículos 115 y 117 de la CPE, así la SC 0112/2010-R de 10 de mayo, reiterada por la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, y la SCP 0487/2014 de 25 de febrero, entre otras, señaló: “…La garantía del debido proceso comprende entre uno de sus elementos la exigencia de motivación de las resoluciones, lo que significa que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud, o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no solo de acuerdo a las normas sustantivos [sic] y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados de acuerdo a los principios y valores supremos, vale decir no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, y finalmente la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales sino que exige una estructura de forma y de fondo” (las negrillas son añadidas).

En el ámbito externo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que una “…decisión motivada implica una decisión que permita conocer cuáles fueron los motivos y normas en que se basó la resolución de manera clara, y si estos fundamentos son compatibles con los parámetros dispuestos en la Convención, por lo que cuando dicha resolución no cumpla con la garantía de encontrarse debidamente motivada se entenderá como contraria al artículo 8.1 de la CADH” (el subrayado es nuestro)