SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0694/2015-S1

La acción de amparo constitucional, se constituye en aquella medida de protección, que tiene por objeto precautelar los derechos y garantías reconocidos por la Ley Fundamental, ante la existencia de actos u omisiones ilegales o indebidas realizados por servidores públicos o por particulares, que supriman o amenacen suprimir o restringir los derechos protegidos; conforme prevé el art. 128 de la CPE, norma concordante con el art. 51 del CPCo, que dispone: “La Acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.

Respecto a la legitimación pasiva, el art. 129.I de la CPE, dispone que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”, en ese mismo sentido la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, expresó que: “…el amparo constitucional boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva”; de lo anteriormente expresado, se colige que dicha acción otorga al accionante la facultad de activar la justicia constitucional para la defensa de los derechos fundamentales y garantías que establece la Constitución Política del Estado.