SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0737/2015-S1

El diputado nacional Juan Carlos Apaza Macías, presentó denuncia penal en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca contra Samuel Jorge Doria Medina Auza, por la supuesta comisión de los delitos previstos en los arts. 158, 221 y 335 del Código Penal (CP); Jaime Robles Miranda por la supuesta comisión de los delitos inmersos en los arts. “153” (siendo lo correcto 158), 221 y 224 del CP, Isidoro Walter Arízaga Cervantes, por los delitos previstos en los arts. 153, 121 y 124 del CP; Luis Jaime Barrón Poveda, por la supuesta comisión de los delitos contenidos en los arts. 153 y 221 del mismo Código, y, Armando Ramiro Gumucio Karstulovic por la supuesta comisión de los delitos contenidos en los arts. “158” (siendo lo correcto 153), 221 y 335 del referido cuerpo legal; de igual forma, Verónica Berríos Vergara en su condición de Alcaldesa Municipal de Sucre, formalizó querella, concluida la investigación preliminar se dictó Resolución de Imputación Formal de 4 de abril de 2011, contra Samuel Jorge Doria Medina Auza, por la supuesta comisión del delito previsto en el art. 221 párrafo tercero del CP; Jaime Robles Miranda, por presunción de la transgresión de los delitos inmersos en los arts. 153, 221 y 224 del mismo Código; Isidro Walter Arízaga Cervantes, por la presunta comisión de los delitos previstos y sancionados en los arts. 153 y 224 de igual cuerpo normativo, y, Luis Jaime Barrón Poveda, por el supuesto delito tipificado en art. 221 de la referida norma; posteriormente, por resolución de 24 enero de 2012, amplió la imputación formal contra Samuel Jorge Doria Medina Auza, por el supuesto delito previsto en el art. 28 de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (Ley 004 de 31 de marzo de 2010).

Por memorial de 16 de noviembre de 2012, que reiteró el escrito de 10 de junio 2011, Samuel Jorge Doria Medina Auza, opuso excepción de prescripción, en razón de haber transcurrido once años, seis meses y nueve días a partir del hecho, sin que fuere aplicable el art. 29 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP); previos traslados y contestaciones, mediante Resolución de 15 de mayo de 2013, el Juez Primero de Instrucción en lo Penal del departamento de Chuquisaca, declaró probada la excepción estableciendo que, los delitos de “Contratos Lesivos al Estado” y “Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado” son instantáneos; una vez notificados, el Ministerio Público, planteó recurso de apelación incidental el 23 de mayo de 2013, argumentando defectuosa valoración de la prueba.

Indicó que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dictó el Auto de Vista 374/2013 de 18 de noviembre, declarando improcedente la apelación presentada por el Ministerio Público, sin una debida fundamentación, en el inc. 3) del cuarto considerando del referido Auto, hicieron una simple mención del delito instantáneo, sin llegar a pronunciarse sobre los delitos permanentes, debiendo considerarse que la suscripción del convenio ocurrió el 2 de diciembre de 1999, y que la comisión del delito debió valorarse como permanente hasta el año 2007, en que se declaró la nulidad del citado documento, por lo que, la labor interpretativa motivada por los vocales resultó insuficiente, correspondiendo en todo caso hacer una diferencia entre delitos instantáneos y delitos permanentes, hecho que no ocurrió.