SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0768/2015-S3

Sucre, 22 de julio de 2015

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

Acción de amparo constitucional

Expedientes: 09915-2015-20-AAC

10036-2015-21-AAC (acumulado)

Departamento: La Paz

Oruro

En revisión las Resoluciones 05/2015 de 20 de enero, cursante de fs. 34 a 37 (Expediente 09915-2015-20-AAC) y 01/2015 de 3 de febrero, cursante de fs. 333 a 342 vta. (Expediente 10036-2015-21-AAC), dentro de las acciones de amparo constitucional interpuestas por Elvis Martín Ramos Cardozo y Ever Lucas Moya Zárate contra Wilma Velasco Aguilar, Presidenta, Wilfredo Ovando Rojas, Ramiro Paredes Zárate, Irineo Valentín Zuna Ramírez, Marco Daniel Ayala Doria, Fanny Rosario Rivas Rojas y Dina Agustina Chuquimia Alvarado, Vocales del Tribunal Supremo Electoral; y, Benjamín Hernán Moya Uño, Carlos Morales Fernández y Lucy Cruz Villca, Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Expediente 09915-2015-20-AAC

I.1.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de enero de 2015, cursante de fs. 4 a 6, el accionante, manifestó que:

I.1.1.1. Hechos que motivan la acción

El Tribunal Supremo Electoral emitió la Circular TSE-PRES-SC-071/2014 de 18 de diciembre, relativa a limitaciones para candidaturas de autoridades electas para elecciones subnacionales 2015 y entre los requisitos, señaló que se debía tener residencia de forma permanente en la circunscripción donde postulan, al menos los dos años inmediatamente anteriores a la realización del acto electoral; asimismo, estableció que “…los Asambleístas Nacionales (Senadores y Diputados) del periodo legislativo 2010-2015 no podrán ser candidatas o candidatos a Subgobernadora o Subgobernador, Corregidora o Corregidor, Ejecutiva o Ejecutivo Seccional de Desarrollo, Alcaldesa o Alcalde Asambleísta Regional y Concejala o Concejal Municipal” (sic) e instruyó a los Tribunales Electorales Departamentales, observar el cumplimiento de la circular con relación al requisito de residencia permanente.

Alegó que, mediante la referida circular, se vulneró su derecho político, ante la existencia del proceso electoral subnacional 2015 y la consiguiente presentación de la nómina de candidaturas y candidatos a los Órganos Ejecutivo y Legislativo Departamentales, Regional y Municipal hasta las 24:00 horas del 29 de diciembre de 2014, en los Tribunales Electorales departamentales, puesto que las autoridades demandadas, limitaron bajo una errónea interpretación de los arts. 285.I.1 y 287.I.1 de la Constitución Política del Estado (CPE), la participación de los Asambleístas Nacionales (Senadores y Diputados) del periodo legislativo 2010-2015, ya que se considera al domicilio laboral como la residencia permanente de los asambleístas 2010-2015, desconociéndose, de esa manera su residencia principal de su lugar de origen y que su estadía en La Paz, es temporal por razones laborales; en ese sentido, su persona no cumple con el requisito de la residencia permanente en la circunscripción a la cual pretende postularse como candidato.

I.1.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El accionante señala como lesionado su derecho político, citando al efecto el art. 26.I de la CPE.

I.1.1.3. Petitorio

Solicita se ordene dejar sin efecto la Circular TSE-PRES-SC-071/2014 de 18 de diciembre, emitida por la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral.

I.1.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia el 20 de enero de 2015, según consta en el acta, cursante de fs. 30 a 33 vta., en presencia del accionante acompañado de su abogado y los representantes de las autoridades demandadas y ausente el representante del Ministerio Público, se produjeron los siguientes actuados:

I.1.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó su demanda, y aclaró que la circular impugnada, vulneró “un derecho político que se llama sufragio, en su elemento sufragio pasivo” (sic) y que debían especificar y establecer cuál el fundamento del por qué Senadores y Diputados no pueden candidatear a cargos que establece la citada circular y justificar que interpretan por residencia.

I.1.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Jorge Gustavo Fuentes Aspiazu, Jefe del Departamento Legal del Tribunal Supremo Electoral, en representación de los Vocales del Tribunal Supremo Electoral, mediante informe escrito presentado el 20 de enero de 2015, cursante de fs. 25 a 29 vta., expresó lo siguiente: a) La exigencia de los requisitos constitucionales mediante la Circular RSE-PRES-SC 071/2014, no constituye un acto de vulneración de su derecho político, máxime si la misma implica la aplicación de disposiciones constitucionales; es decir, que con o sin circular debieron cumplirse las señaladas disposiciones constitucionales, fuentes de la citada Circular; b) No se vulneró el derecho político u otro derecho, cuando es la propia Constitución Política del Estado, la que establece limitaciones para su ejercicio, al determinar como requisito el haber residido de forma permanente al menos dos años anteriores al acto electoral en la circunscripción donde se postulan; y, c) La residencia permanente prevista en la Ley Fundamental, debe ser cumplida por los candidatos acreditando haber tenido una residencia permanente en la circunscripción donde se postula, entendiendo que la misma debe ser ininterrumpida o por lo menos pasar la mayor parte del tiempo en el lugar donde pretende habilitarse como candidato, que en el caso de los asambleístas nacionales no pueden acreditar el cumplimiento de ese requisito constitucional; toda vez que, su residencia de manera permanente, queda interrumpida cuando en ejercicio de sus facultades constitucionales como asambleístas nacionales proceden a concurrir a la sede de ese Órgano de Estado en la ciudad de La Paz, por el lapso de tres semanas al mes, según su propio Reglamento; por lo que, no cumplen con el requisito constitucional exigido por los arts. 285.I.1 y 287.I.1 de la CPE.

En audiencia, aclararon que la Presidencia del Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo al art. 18 de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (LOEP), representa las decisiones de la Sala Plena del referido Tribunal; en consecuencia, todas las circulares directrices que emite dicha autoridad lo hace en cumplimiento de las decisiones de la Sala Plena; es decir, por un ente colegiado; por lo que, no habría recurso ulterior.

I.1.2.3. Resolución

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 05/2015 de 20 de enero, cursante de fs. 34 a 37, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La Circular impugnada fue emitida por el Tribunal Supremo Electoral, en uso específico de las atribuciones contenidas en la normativa constitucional; 2) El calendario electoral fue aprobado por Resolución 573/2014 de 13 de noviembre, el cual se encuentra vigente y no puede retrotraerse en su aplicación, debiendo tomarse en cuenta el principio de ponderación de derecho y aplicar el que menos afecte a la población en su conjunto, en relación a los derechos de un solo ciudadano, como es del accionante; y, 3) Que el nombrado no cuenta con legitimación activa para interponer la presente acción de amparo constitucional; toda vez que, afirmó en audiencia que no presentó su candidatura menos su agrupación ciudadana o partido político que le postuló para las elecciones subnacionales 2015; por lo tanto, no es una persona directamente afectada por la referida Circular.

I.2. Expediente 10036-2015-21-AAC

I.2.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de enero de 2015, cursante de fs. 21 a 35 vta., el

accionante, manifestó que:

I.2.1.1. Hechos que motivan la acción

Con similares fundamentos, a la primera acción de amparo constitucional, el accionante impugnó la Circular TSE-PRES-SC-071/2014 de 18 de diciembre, fundamentando que el Tribunal Supremo Electoral, por medio de su Presidenta, interpretó de manera ilegal y dolosa los arts. 285.I.1 y 287.I.1 de la CPE, para favorecer al partido político de Gobierno que es el Movimiento al Socialismo (MAS) y los Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, emitieron la Resolución TEDO-SP “04/2014” de 13 de enero 2015; por el que, sin mayor razonamiento ni fundamentación alguna y simplemente acatando la citada Circular del Tribunal Supremo Electoral, vulneraron sus derechos constitucionales, cuando en aplicación del art. 14.IV de la CPE, debieron someterse a la Constitución Política del Estado y no a una circular que en su naturaleza es contraria a los derechos y garantías constitucionales.

Complementó la citada demanda, expresando que se vulneró el derecho a la igualdad y a la no discriminación; toda vez que, unos meses atrás se llevó a cabo las elecciones nacionales, y en dicha oportunidad, el Tribunal Supremo Electoral, no prohibió en absoluto que vuelvan a postularse los Senadores o Diputados que no residieron los dos años anteriores en las circunscripciones por las que se postularon en dicho acto electoral; en su caso, la interpretación de la normativa constitucional citada en la referida Circular es restrictiva para una nueva postulación a un cargo político; por lo que, también debió aplicarse la misma restricción en el anterior proceso electoral.

Finalmente manifestó que, la Circular impugnada vulneró su derecho político, por cuanto al interpretar la Constitución Política del Estado, sin ninguna explicación, fundamentación y congruencia, le prohíbe postularse específicamente a las elecciones para ser electo como Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro; asimismo, el hecho de prohibir la participación en comicios electorales sin ninguna justificación hace que pierda su derecho político como ciudadano y no solo se afecta la presunción de inocencia, sino que implicaría, además un quiebre con el valor justicia y el principio de razonabilidad, circunstancia no acorde con un Estado, respetuoso de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

I.2.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante señala como lesionados sus derechos a la política, a la igualdad y no discriminación, al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso respecto a una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente; citando los arts. 8.II y 14.I y II, 26, 108, 115, 117 y 119.II de la CPE; 8.2 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.II del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

I.2.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y se disponga: i) Dejar sin efecto ni valor alguno la Circular TSE-PRES-SC-071/2014 de 18 de diciembre y la Resolución TEDO-SP “04/2014” de 13 de enero 2015; ii) Se disponga la inmediata habilitación de su persona como candidato a Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro para la celebración de los comicios electorales de 29 de marzo de 2015; y, iii) Se remitan antecedentes al Ministerio Público por los actos indignos efectuados por los Vocales del Tribunal Supremo Electoral y acatados por los Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Oruro y se condene expresamente en costas, daños y perjuicios a los demandados.

I.2.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 3 de febrero de 2015, según consta en el acta cursante de fs. 313 a 332 vta., en presencia del accionante asistido por su abogado y los representantes de las autoridades demandadas; y, en ausencia del representante del Ministerio Público, se produjeron los siguientes actuados:

Respecto al memorial presentado por el Tribunal Supremo Electoral, referente a la competencia del Tribunal de garantías, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, expresó que si bien la citada Sala, mediante Auto 03/2015, declinó competencia al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en sentido de que el hecho vulneratorio se suscitó en aquella ciudad, consistente en la Circular TSE-PRES-SC-071/2014, las citadas autoridades devolvieron el amparo constitucional por razón de domicilio real del accionante a través del Auto 01/2015, en aplicación del art. 32 del Código Procesal Constitucional (CPCo), y por la interpretación del mencionado artículo la naturaleza de la acción de amparo constitucional, no se admite incidentes ni dilaciones de ninguna naturaleza, es más la SCP 1785/2014 de 15 de septiembre, moduló la competencia de los Tribunales de garantías y como fue devuelto la acción tutelar es que se admitió la citada acción de defensa.

I.2.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó su demanda y la amplió señalando que: a) La Resolución TSE-RSP 0096/2015 de 19 de enero, fue notificada, en el momento en que interpuso la acción de amparo constitucional y la misma confirmó la Resolución TEDO-SP “04/2015” de 13 de enero; y, b) Que Franz Choque Ulloa, teniendo la calidad de Diputado Nacional, fue habilitado a elecciones subnacionales; de igual forma, se habilitó a Benigno Quispe Mamani, ex diputado nacional como candidato a Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Chipaya.

I.2.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Marco Atilio Lozano Arze y Abel Zuazo Gutiérrez, representantes legales de los Vocales del Tribunal Supremo Electoral y los Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, mediante memorial presentado el 3 de febrero de 2015, cursante de fs. 159 a 167 vta., expresaron que el Tribunal de garantías dictó un decreto alegando que no tiene competencia para asumir el conocimiento de la acción de defensa planteada, lo contrario sería incurrir en la nulidad prevista por el art. 122 de la CPE; por tanto, declinaron competencia en razón de territorio, disponiendo que la acción de amparo constitucional interpuesta, pase a conocimiento del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; posteriormente, la Sala Social y Administrativa Tercera de dicho Tribunal, mediante Auto “01/2015” de 23 de enero, indicó que en aplicación al art. 32.II del CPCo, su competencia fue activada de forma legal; por lo que, procedió a la devolución del expediente ante la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; en consecuencia, al existir controversia de competencia entre Tribunales de garantías constitucionales, se debería remitir ante la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, para que resuelva la competencia, de no proceder de esa manera el Tribunal de garantías de Oruro, estaría generando inseguridad a los demandados de concurrir a un Tribunal de garantías constitucionales sin competencia.

Los citados memoriales fueron respondidos mediante proveído que indica “Estese al Auto de admisión…” (sic) de fs. 163, ante el mismo los representantes del Tribunal Supremo Electoral, mediante memorial de 3 de febrero de 2015, (fs. 175), solicitaron debida fundamentación al citado decreto, respecto a la solicitud de remisión del conflicto de competencia al Tribunal Constitucional Plurinacional, que fue respondida mediante otro decreto que se consideraría en audiencia (fs. 176).

Mediante memorial de 3 de febrero de 2015, los representantes legales del Tribunal Supremo Electoral, solicitaron que previo a la audiencia se declare la improcedencia conforme los arts. 53.1 y 54.I del CPCo, por cuanto; 1) El accionante activó dos jurisdicciones para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación, pues lo hizo en forma simultánea la jurisdicción ordinaria, con el recurso de apelación a la Resolución TEDO-SP “04/2015” de 13 de enero, y la jurisdicción constitucional con la acción de amparo constitucional, siendo que previamente el accionante debió agotar las vías intraprocesales establecidas en la ley especial y en la jurisdicción ordinaria, una vez agotadas las mismas si aún persiste la vulneración a derechos y garantías constitucionales, recién debió activarse la presente jurisdicción; pero además del recurso de apelación el ahora accionante pudo activar el recurso extraordinario de revisión previsto por los arts. 217, 218 y 219 de la LOEP, recurso que a la fecha no fue presentado; 2) No fueron notificados los terceros interesados, siendo éstos: la organización política Participación Popular (P.P.), para conocer si estaba de acuerdo que el accionante continúe como candidato de dicha organización política, quienes además son los que tienen la legitimación activa; de igual forma los delegados de las organizaciones políticas que presentaron candidatos ante el Tribunal Electoral Departamental de Oruro y todos los candidatos habilitados en el Departamento de Oruro; y, 3) El accionante carece de legitimación activa para interponer la presente acción de amparo constitucional, pues el afectado en sí es la Organización Política Participación Popular, quien a través de su delegado acreditado ante el Tribunal Electoral Departamental de Oruro, debió promover la presente acción de amparo constitucional, en este caso por la delegada de la Agrupación Ciudadana “Participación Popular” (P.P.) (fs. 193 a 200 vta.) y que mediante decreto de 3 de febrero de 2015, señaló que: “Considérese en audiencia” (fs. 201).

Finalmente, los representantes de los Vocales del Tribunal Supremo Electoral, mediante informe de fs. 222 a 234 vta., complementaron el informe de fs. 25 a 29 vta., señalando que en el presente caso existe actos consentidos, por cuanto, el accionante al haber sido inscrito como candidato por la Agrupación Ciudadana P.P., el 26 de diciembre de 2014 y presentado su documentación el 9 de enero de 2015, a sabiendas del acto que ahora considera lesivo a sus derechos y garantías constitucionales, aceptaron la posibilidad del contenido de la Circular impugnada; es decir, consintieron expresa y voluntariamente el mismo, sin que hubiese impugnado su desacuerdo; en tal virtud, no es posible considerar la existencia de vulneración de derecho alguno, correspondiedo denegar la tutela.

Asimismo, Benjamín Hernán Moya Uño, Presidente, Carlos Morales Fernández y Lucy Cruz Villca, Vocales, todos del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, mediante informe escrito presentado el 3 de febrero de 2015, cursante de fs. 268 a 269 vta., alegando contra la Resolución del Tribunal Electoral Departamental TEDO-SP “04/2014” de 13 de enero de 2015 y la Circular del Tribunal Supremo Electoral de 18 de diciembre, el accionante debió plantear el recurso correspondiente y si el interesado pudiera resultar perjudicado por la resolución del recurso, éste debió interponer el recurso extraordinario de revisión, a pedido de la parte interesada, las decisiones de ambos Tribunales fueron notificados al accionante mediante su delegada acreditada el 14 de enero de 2014, a horas 12:00, así como en el tablero de notificación del “TED-ORURO”, sin observar el principio de subsidiariedad previsto por el art. 54 del CPCo.

I.2.2.3. Resolución

La Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 01/2015 de 3 de febrero, cursante de fs. 333 a 342 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Conforme a las atribuciones del art. 208.I de la CPE, el Tribunal Supremo Electoral, emitió la Circular TSE-PRES-SC-071/2014, organizando las elecciones subnacionales; asimismo, de acuerdo a los arts. 285.I.1 y 287.I de la CPE, el citado Tribunal, dio cumplimiento a la referida normativa constitucional, a través de la Circular impugnada; ii) El accionante admitió todo el desarrollo del calendario electoral programado y aprobado, puesto que no impugnó dicho calendario, no observó la Circular TSE-PRES-SC-071/2014, lo que quiere decir, que estuvo de acuerdo con el referido calendario electoral y la Circular cuestionada, habiendo consentido y admitido todos los efectos; en consecuencia, si no fueron impugnados ni observados, existe subsidiariedad; iii) Respecto a los derechos políticos del accionante, corresponde señalar que tampoco fueron vulnerados por la citada Circular; toda vez que, la misma solo manda a cumplir lo establecido en la Constitución Política del Estado; iv) Los Vocales demandados dieron cumplimiento a la normativa constitucional al referirse en la Circular al requisito de la residencia permanente de los candidatos y que sea por dos años; v) En el presente caso la inhabilitación del accionante no es imputable a los Vocales demandados, sino al incumplimiento de ese presupuesto de residencia que está previsto en la citada normativa constitucional; vi) Que la Circular impugnada es simplemente un recordatorio a las organizaciones políticas que vienen a terciar en las elecciones subnacionales, es netamente administrativa, entonces no es una resolución jurisdiccional de una causa contenciosa o controvertida donde existan dos partes en conflicto; por ello, es innecesario exigir su fundamentación, motivación y congruencia; vii) Sobre el derecho a la igualdad reclamada por el accionante, éste no fue vulnerado en sentido que la citada Circular no es excluyente, ni es de exclusividad para el accionante, ya que lo previsto por los arts. 285 y 287 de la CPE, está referido para todos quienes quisieran habilitarse como candidatos en sus circunscripciones dentro de la elección subnacional; en consecuencia, no existe ninguna vulneración efectuada en el que hubieran incurrido las autoridades ahora demandadas, dado que solo dieron funcionalidad a lo establecido en la Norma Suprema; y, viii) Si el accionante, en su calidad de diputado, consideró que la Circular TSE-PRES-SC-071/2014, fue ilegal y que la misma vulneró sus derechos y garantías constitucionales debió interponer recurso directo de nulidad contra dicha Circular.

Posteriormente, la parte accionante, tanto en audiencia como mediante memorial presentado el 4 de febrero de 2015, cursante a fs. 345 y vta., solicitó aclaración sobre los siguientes puntos: a) Cómo se puede impugnar en recurso extraordinario de revisión, una Resolución que fue emitida el 18 de diciembre de 2014, cuando la personería jurídica de la Agrupación Ciudadana “Participación Popular” (P.P.) fue otorgada el 23 de diciembre de ese año; b) Cómo se puede impugnar el recurso extraordinario de revisión si solo procede ésta en casos de demandas de inhabilitación de candidatos, siendo esa no una inhabilitación de candidato, tal como dispone el art. 217 de la LOEP; c) Se indique dónde dice expresamente en la Constitución Política del Estado, que los Diputados y Senadores deben ser inhabilitados por el Tribunal Supremo Electoral; d) Se explique dónde existe una notificación expresa a la Agrupación Ciudadana Participación Popular o al accionante para que pueda aplicar los mecanismos de defensa constitucional; e) En qué momento el diputado pierde su residencia a efectos del amparo constitucional; y, f) Se alega que debió interponer recurso directo de nulidad; sin embargo, solicitó se aclare si el recurso directo de nulidad puede ser planteado por cualquier ciudadano cuando sus derechos no están activados, no están legitimados conforme a la Norma Suprema y el Código Procesal Constitucional; dicha aclaración fue rechazado por el Tribunal de garantías mediante Auto 09/2015 de 5 de febrero, por cuanto lo solicitado, fue absuelto por dicho Tribunal (fs. 342 vta. y 346 a 347).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Los expedientes 09915-2015-20-AAC y 10036-2015-21-AAC, fueron acumulados mediante AC 017/2015-CA-ACM/S de 23 de febrero de 2015 (fs. 40 a 42 y 421 a 423).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se llega a las siguientes conclusiones:

II.1. Cursa Circular TSE-PRES-SC-071/2014 de 18 de diciembre, emitida por Wilma Velasco Aguilar, Presidenta del Tribunal Supremo Electoral dirigida a los Tribunales Electorales Departamentales, Delegados de Organizaciones Políticas y Alianzas Políticas, respecto al asunto de limitaciones para candidaturas de autoridades electas - elecciones subnacionales 2015, con el siguiente argumento: a) “El Tribunal Supremo Electoral, recuerda a las Organizaciones Políticas que participarán en el Proceso Electoral Subnacional 2015, que la presentación de la nómina de candidatas y candidatos a los Órganos Ejecutivo y Legislativo Departamental Regional y Municipales, será hasta las 24:00 horas del lunes 29 de diciembre de 2014 ante los Tribunales Electorales Departamentales correspondientes” (sic); b) “Asimismo, recuerda que en conformidad a los arts. 285.I.1) y 287.I.1) de la Constitución Política del Estado, las y los candidatos para este proceso electoral subnacional, entre otros requisitos, deben haber tenido residencia de forma permanente en al circunscripción donde postulan, al menos los dos años inmediatamente anteriores a la realización del acto electoral” (sic); c) “En este marco, los Asambleístas Nacionales (Senadores y Diputados) del periodo legislativo 2010 - 2015 no podrán ser candidatas o candidatos a Subgobernadora o Subgobernador, Corregidora o Corregidor, Ejecutiva o Ejecutivo Seccional de Desarrollo, Alcaldesa o Alcalde, Asambleísta Regional y Concejala o Concejal Municipal” (sic); y, d) “Se instruye a los Tribunales Electorales Departamentales observar el cumplimiento de la presente circular y comunicar por Secretaría de Cámara a las Organizaciones Políticas y Alianzas” (sic) (fs. 12).

II.2. A través del certificado de 3 de febrero de 2015, suscrito por el Secretario de Cámara a.i. del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, se certificó que el Tribunal Departamental Electoral, el 23 de diciembre de 2014, llevó a cabo una reunión de coordinación y capacitación con los delegados en el sistema de Inscripción de Candidaturas, presentación de documentos y cumplimiento de requisitos que debían observar los candidatos aclarando que en dicho evento, se hizo énfasis en la Circular TSE-PRES-SC-071/2014 de 18 de diciembre, acto donde según consta de la revisión de la lista de asistentes también se encontraba presente Ever Lucas Moya Zárate -ahora coaccionante- como representante de la Agrupación Viudadana “Participación Popular” (fs. 235); en la misma fecha, el citado Secretario también certificó que a solicitud del mencionado accionante mediante Resolución TEDO-SP 90/2014 de 23 de diciembre, el Tribunal Electoral Departamental de Oruro, resolvió reconocer y otorgar la Personalidad Jurídica a la Agrupación Ciudadana Participación Popular (P.P.) para su participación a nivel departamental, y mediante memorial de 26 de diciembre de 2014, el accionante en representación de la referida Agrupación, adjuntando documentación respectiva solicitó su habilitación para participar en el proceso eleccionario (fs. 239).

II.3. Mediante memorial de 26 de diciembre de 2014, el ahora accionante indicó que su Agrupación Ciudadana “Participación Popular” con la sigla (P.P.), se encontraba plenamente habilitada para participar en el proceso eleccionario; por lo que, acreditaron como delegada titular ante el Tribunal Electoral Departamental de Oruro a Bertha Mabel Gonzales Moya y como delegada suplente a Mariana Molina Mamani (fs. 376), corroborando ello por certificado emitido por el Secretario de Cámara del Tribunal Electoral Departamental de Oruro (fs. 177).

II.4. La Resolución TEDO-SP “04/2014” de 13 de enero de 2015, emitida por los Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, en base a las directrices y las circulares 064/2014 y TSE-PRES-SE-071/2014, aprobaron la lista de candidatos habilitados e inhabilitados para las elecciones departamentales y municipales 2015, disponiendo que el mismo se ponga en conocimiento de los delegados de organizaciones políticas para fines consiguientes de ley (fs. 11 a 13 del expediente 10036-2015-21-AAC).

II.5. Mediante memorial presentado el 15 de enero de 2015, Ever Lucas Moya Zárate, interpuso recurso de apelación contra la Resolución TEDO-SP “04/2014” de 13 de enero de 2015, que inhabilitó su candidatura por la Agrupación Ciudadana P.P. para el cargo de Alcalde Titular del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (fs. 180 a 183).

II.6. Por Resolución TSE-RSP 0096/2015 de 19 de enero, el Tribunal Supremo Electoral confirmó la Resolución TEDO-SP “04/2015” de 13 de enero, dictada por la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, sobre la inhabilitación de Ever Lucas Moya Zárate como candidato a Alcalde Municipal de Oruro por la Agrupación Ciudadana P.P. (fs. 371 a 375).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian que su derecho político fue vulnerado por los Vocales del Tribunal Supremo Electoral al emitir la Circular TSE-PRES-SC-071/2014 de 18 de diciembre, puesto que con ello limitaron, bajo una errónea interpretación de los arts. 285.I.1 y 287.I.1 de la CPE, la participación de los Asambleístas Nacionales del periodo legislativo 2010-2015, ya que se considera al domicilio laboral como la residencia permanente, desconociéndose, de esa manera su residencia principal de su lugar de origen y que su estadía en la ciudad de La Paz, es temporal por razones laborales; además, en el segundo amparo constitucional, los accionantes señalan que de igual forma los Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, emitieron la Resolución TEDO-SP “04/2014” de 13 de enero de 2015, sin mayor razonamiento ni fundamentación alguna y simplemente acatando la citada Circular del Tribunal Supremo Electoral, siendo que lo que correspondía era que se sometan a la Constitución Política del Estado y no a una circular que en su naturaleza es contraria a los derechos y garantías constitucionales. Complementaron su denuncia expresando que se vulneró el derecho a la igualdad y no discriminación; toda vez que, unos meses atrás se llevó a cabo las elecciones nacionales, y en dicha oportunidad, el Tribunal Supremo Electoral, no prohibió en absoluto que vuelvan a postularse los Senadores o Diputados que no residían los dos años anteriores en las circunscripciones por las que se postularon en dicho acto electoral.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la legitimación activa en la acción de amparo constitucional

En cuanto a la legitimación activa la SC 0626/2002-R de 3 junio, al respecto señaló: “...a efectos de plantear un Amparo, es preciso que toda persona que recurre en busca de la tutela que otorga dicha garantía constitucional acredite debidamente su legitimación activa; es decir, que demuestre conforme exige el ordenamiento jurídico, que los efectos del acto ilegal o indebido que denuncia hubieran recaído directamente en un derecho fundamental suyo; así ha establecido este Tribunal en su jurisprudencia expresada en la Sentencia Constitucional Nº 1258/01-R de 28 de noviembre de 2001, en la que señala 'que la protección que la garantía constitucional del Amparo conlleva está sujeta a determinados presupuestos. Uno de ellos es que el recurrente esté legitimado para impugnar el acto u omisión reclamado, en virtud de que la legitimación activa en el Amparo corresponde al obligado o afectado que directamente acredita interés en el asunto y en quien recaen las consecuencias jurídicas de la resolución o acto de la autoridad que se impugna'” (las negrillas son añadidas).

III.2. Jurisprudencia reiterada sobre la improcedencia de la acción de amparo constitucional en atención a su carácter subsidiario

Conforme prevé el art. 129.I de la CPE, la activación de esta acción, está restringida a la persona que se crea afectada o por otra a su nombre con poder suficiente, siempre que no exista otro medio o recurso para la protección inmediata de los derechos o garantías reclamados, en un tiempo apropiado y en cumplimiento de los requisitos de procedencia estipulados en la Constitución Política del Estado y la ley.

El citado art 129.I de la CPE, instituye que la acción de amparo constitucional procede únicamente cuando los medios o recursos ordinarios resultan ineficaces en la protección de los derechos que tutela. A partir de ese entendimiento, se concibe que esta acción constitucional no forma parte de los medios ordinarios de impugnación establecidos en diferentes normas procesales, de modo que, tiene como característica esencial, el ser subsidiaria y supletoria, cuyo propósito es que el sujeto de derecho acceda a la justicia de manera informal, pretendiéndose con ello que, éste consiga una protección directa e inmediata de sus derechos y por cuyo medio se repare y reponga el insuficiente o deficiente accionar de la instancia ordinaria y administrativa.

Así la jurisprudencia constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que, la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario y supletorio “…en la protección de los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria”.

Siguiendo con la citada Sentencia Constitucional, el Tribunal Constitucional estableció reglas y sub reglas de improcedencia de la acción de amparo constitucional por su carácter subsidiario, por el que no procederá cuando: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas son nuestras).

III.3. La acción de amparo constitucional no tutela ni resuelve aspectos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley

Respecto a este tema la SCP 0443/2012 de 22 de junio, señaló lo siguiente: “Las sentencias que resuelven las acciones de amparo constitucional de ninguna manera tutelan ni solucionan aspectos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una determinada ley o artículo; es por ello que, el extinto Tribunal Constitucional, sentó una línea jurisprudencial uniforme en sentido de no permitirse la presentación de excepciones, incidentes y ningún otro recurso, dentro de esta acción tutelar.

(…)

Por otra parte, la SC 2765/2010-R de 10 de diciembre, indica: ‘Con el fin de resguardar un correcto manejo de la acción planteada, es preciso señalar que no se puede interponer un amparo, alegando la inconstitucionalidad de una disposición legal, pues para ello, la Ley del Tribunal Constitucional, tiene previsto el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad, que se articula al sistema de control normativo de carácter correctivo a posteriori de las disposiciones legales, pues a través de él se busca la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de la disposición legal impugnada con los principios, preceptos y normas de la Constitución Política del Estado. El objeto del recurso es el juicio de constitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas, lo que supone que el Tribunal Constitucional analiza las normas cuestionadas a la luz de los fundamentos expuestos por él o los recurrentes, para contrastarlas con las normas previstas en la Constitución Política del Estado. De manera que el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad no tiene por objeto la verificación de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida al control, lo que significa que el Tribunal Constitucional, como Órgano encargado del control de constitucionalidad, se concentra en el control objetivo de la misma’.

Tomando en cuenta la Sentencia y Autos Constitucionales citados, un juez o tribunal ordinario no puede pronunciarse sobre hechos inherentes a la constitucionalidad e inconstitucionalidad de una ley o de alguna norma o artículo, que por su naturaleza jurídica deben ser ventiladas, dilucidadas y resueltas a través de la acción de inconstitucionalidad concreta; por lo que el accionante no puede pretender que dentro de esta acción tutelar, protectora de derechos y garantías de las personas, el juez o el tribunal de apelación, codemandados, fallen sobre aspectos y normas inherentes a dichas circunstancias, porque de hacerlo se desvirtuaría la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional y se afectaría su carácter sumarísimo y el principio de tutela judicial efectiva” (las negrillas son agregadas).

III.4. Análisis del caso concreto

Previamente a ingresar a analizar las acciones de amparo constitucional acumuladas, es preciso aclarar que dicho estudio se realizará por separado; por cuanto, si bien en ambos casos se impugna la misma Circular TSE-PRES-SC-071/2014 de 18 de diciembre; sin embargo, los accionantes son diferentes y las autoridades demandadas en el segundo caso son además del Tribunal Supremo Electoral, los Vocales del Tribunal Departamental Electoral de Oruro.

III.4.1. Respecto a Elvis Martín Ramos Cardozo, primer accionante

De acuerdo a la demanda de acción de amparo constitucional, el

citado accionante, denuncia la vulneración de su derecho político, por cuanto los Vocales del Tribunal Supremo Electoral, emitieron la Circular TSE-PRES-SC-071/2014 de 18 de diciembre, en el cual se determinó que no podrían ser candidatos a las elecciones subnacionales 2015, los Asambleístas Nacionales del periodo legislativo 2010-2015, realizando una interpretación errónea de los arts. 285.I.1 y 287.I.1 de la CPE, al no tener residencia permanente de al menos dos años en la circunscripción donde postulan; por lo que su persona no cumple con el requisito de la residencia permanente en la circunscripción a la cual pretende postularse como candidato.

De lo descrito se evidencia que el ahora accionante no se postuló a ninguna candidatura, para las elecciones subnacionales 2015, sino que pretendía postularse, corroborando esta situación en audiencia, cuando confirmó que no se presentó a ninguna candidatura; es más, no consta en obrados ni tampoco se señaló en la demanda ni en la audiencia de amparo constitucional, que hubiese sido postulado en alguna agrupación ciudadana o partido político; ello implica, que el accionante no demostró de forma alguna que hubiese un nexo de causalidad entre la Circular ahora impugnada y una presunta afectación a sus derechos fundamentales, por cuanto no demostró ante la justicia constitucional que hubiese existido una manifestación real de su postulación por parte de algún partido político, expresión que a su vez otorgue un mínimo de certeza a este Tribunal sobre una posible restricción de los derechos del ahora accionante que configuren su legitimación para demandar a través de la presente acción la tutela de esos derechos; por lo tanto, es de aplicación la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.1. precedente; toda vez que, el accionante no cuenta con legitimación activa para interponer la presente acción de amparo constitucional, al no evidenciarse que la Circular impugnada le afecte de manera directa.

III.4.2. En cuanto a Ever Lucas Moya Zárate, segundo accionante

Impugna en su demanda, al igual que el primer accionante, la Circular TSE-PRES-SC-071/2014 de 18 de diciembre, emitida por el Tribunal Supremo Electoral, por cuanto la misma le prohíbe postularse específicamente a las elecciones; y, además la Resolución TEDO-SP “04/2014” de 13 de enero de 2015, emitida por los Vocales del Tribunal Departamental Electoral de Oruro, quienes sin mayor razonamiento ni fundamentación alguna y simplemente acatando la citada Circular vulneraron sus derechos políticos, a la igualdad y no discriminación, a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso respecto a una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente.

Ahora bien, se evidencia que Wilma Velasco Aguilar, Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, emitió la Circular TSE-PRES-SC-071/2014, dirigida a los Tribunales Electorales Departamentales Delegados de Organizaciones Políticas y Alianzas Políticas, por el que recordó que en conformidad a los arts. 285.I.1 y 287.I.1 de la CPE, las y los candidatos para ese proceso electoral subnacional, entre otros requisitos, deben haber tenido residencia de forma permanente en la circunscripción donde postulan, al menos los dos años inmediatamente anteriores a la realización del acto electoral y en ese marco, los Asambleístas Nacionales (Senadores y Diputados) del periodo legislativo 2010 - 2015 no podrán ser candidatas o candidatos a Subgobernadora o Subgobernador, Corregidora o Corregidor, Ejecutiva o Ejecutivo Seccional de Desarrollo, Alcaldesa o Alcalde, Asambleísta Regional y Concejala o Concejal Municipal; posteriormente, el 23 del citado mes y año, el Tribunal Departamental Electoral de Oruro, llevó a cabo una reunión de coordinación y capacitación con los delegados en el sistema de Inscripción de Candidaturas, presentación de documentos y cumplimiento de requisitos que debían observar los candidatos aclarando que en dicho evento, se hizo énfasis en la Circular TSE-PRES-SC-071/2014, acto donde según consta de la revisión de la lista de asistentes, se encontraba presente el ahora accionante como representante de la Agrupación Ciudadana P.P.; en la misma fecha, a solicitud del mencionado accionante mediante Resolución TEDO 90/2014, el citado Tribunal resolvió reconocer y otorgar la Personalidad Jurídica a la Agrupación Ciudadana P.P. para su participación a nivel departamental, es así que por memorial de 26 de diciembre de 2014, el accionante solicitó su habilitación para participar en el proceso eleccionario que fue rechazada por Resolución TEDO-SP “04/2014” de 13 de enero de 2015, emitida por los Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, en base a las directrices y las Circulares 064/2014 y TSE-PRES-SE-071/2014; ante dicha situación interpuso el 15 de enero de 2015, recurso de apelación que fue resuelto mediante Resolución TSE-RSP 0096/2015 de 19 de enero, por el Tribunal Supremo Electoral, quienes confirmaron la Resolución TEDO “04/2015” de 13 de enero, dictada por la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, sobre la inhabilitación de Ever Lucas Moya Zárate como candidato a Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro por la Agrupación Ciudadana P.P.

III.4.2.1. De acuerdo a lo señalado en obrados, se constata por una parte que, el hoy accionante tuvo conocimiento de la Circular que ahora impugna en reunión del 23 de diciembre de 2014, por la cual convocado por el Tribunal Departamental de Oruro, para coordinar y capacitar con los delegados el sistema de Inscripción de candidaturas; asimismo, en la misma fecha se emitió la Resolución TEDO 90/2014, el citado Tribunal resolvió reconocer y otorgar la Personalidad Jurídica a la Agrupación Ciudadana P.P.; por ello, el accionante solicitó su habilitación para participar en el proceso eleccionario que fue rechazada por Resolución TEDO-SP “04/2014” de 13 de enero de 2015, presentando recurso de apelación el 15 de ese mes y año, contra la citada Resolución y al día siguiente el 16 del citado mes y año; sin embargo, sin que se resuelva el mismo, interpuso la presente acción de amparo constitucional, es decir, que activó al mismo tiempo dos instancias, la jurisdicción ordinaria y la justicia constitucional, por lo tanto no cumplió, y si bien es evidente que a momento de resolverse la presente acción tutelar dicho recurso de apelación ya había sido resuelto; por lo que, no es menos evidente que existió -por parte del accionante- una interposición paralela de la acción de defensa y el recurso de apelación, lo que en los hechos podría ocasionar una disfunción procesal al existir dos fallos sobre el mismo tema, configurando ello la aplicación de la subregla de subsidiariedad, contendida en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional; en consecuencia, este Tribunal, se ve impedido de ingresar a analizar la Resolución emitida por los Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, conforme al fundamento descrito.

III.4.2.2. Por otra parte, respecto a la Circular TSE-PRES-SC-071/2014, emitida por los Vocales del Tribunal Supremo Electoral, se evidencia que, el accionante en su demanda de acción de amparo constitucional, argumentó que al haberse pronunciado la señalada Circular, se realizó una interpretación errónea de los arts. 285.I.1 y 287.I.1 de la CPE, puesto que, limitaron la participación de los Asambleístas Nacionales del periodo legislativo 2010-2015, ya que se considera al domicilio laboral como la residencia permanente, desconociéndose, de esa manera su residencia principal de su lugar de origen y que su estadía en la ciudad de La Paz, es temporal por razones laborales; de lo señalado, se colige que es de aplicación la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.3 precedente; toda vez que, en la demanda de acción de amparo constitucional, el accionante cuestiona la constitucionalidad de la mencionada Circular, pues a su criterio la misma es contraria a los 285.I.1 y 287.I.1 de la CPE; empero, el accionante no consideró que vía acción tutelar (en este caso amparo constitucional) no puede cuestionarse y menos aún conocer y resolverse la inconstitucionalidad de una determinada norma, por cuanto ello, es inviable pues corresponde que los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la normativa vigente, deben ser resueltos a través de la acción de constitucionalidad que corresponda y no así mediante la acción de amparo constitucional, que protege derechos y garantías constitucionales.

En consecuencia, los Tribunales de garantías, al denegar la tutela solicitada, actuaron de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR las Resoluciones 05/2015 de 20 de enero, cursante de fs. 34 a 37 (Expediente 09915-2015-20-AAC) y 01/2015 de 3 de febrero, cursante de fs. 333 a 342 vta. (Expediente 10036-2015-21-AAC), pronunciadas por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro respectivamente; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarándose que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Ruddy José Flores Monterrey

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

MAGISTRADA