SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1329/2016-S3

Sobre el particular y en procura del resguardo del derecho a la defensa, la SC 0427/2006-R de 5 de mayo, estableció que: “...los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en si misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art.16.II y IV de la CPE); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida' (SC 1845/2004-R, de 30 de noviembre)” (las negrillas son agregadas).

Por cuanto y en la esfera administrativa, la notificación es una actuación procedimental de comunicación, destinada a comunicar y poner en conocimiento de las partes procesales o terceros interesados el contenido de actos administrativos o resoluciones expresas, conforme al principio de relevancia constitucional y en atención a la teleología de los mecanismos procedimentales de comunicación, por tanto la acción de amparo constitucional puede brindar tutela cuando tales formalidades de notificación y comunicación del contenido de la decisión asumida por la autoridad administrativa, no hubieran sido cumplidos.