SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1353/2016-S1

El precepto normativo contenido en el art. 117.I de la CPE, cuando señala “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”; hace referencia al principio de congruencia, dejando establecido que nadie será condenado o sancionado sin haber sido juzgado, o por hechos que no fueron juzgados. Doctrinariamente la congruencia se ha definido como “un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido oportunamente por los litigantes, y en relación con los poderes atribuidos por el ordenamiento jurídico en cada caso al órgano jurisdiccional”.

Respecto al principio de congruencia, por el cual, el órgano jurisdiccional o administrativo, se obliga a observar la correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, precisó: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes…”

De lo señalado precedentemente se concluye que, los jueces e instancias encargados de resolver alguna situación jurídica, a tiempo de dictar la resolución, deben circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo demandado, que resultaría un pronunciamiento ultra petita; de igual manera conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, constituye un pronunciamiento extra petita; y, finalmente omitir pronunciarse sobre algún punto o aspecto demandado, implica una actuación intra petita, que viene a ser una incongruencia omisiva. En todos los casos resulta lesivo al debido proceso, excepto cuando se trata de nulidades previstas expresamente, en cuya situación resguardando los derechos fundamentales, los jueces y tribunales de alzada tienen el deber de revisión de oficio, lo que implica que en estos casos pueden pronunciarse sobre aspectos no impugnados; empero deberá ser debidamente fundamentado y motivado.