DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0002/2016

“(…) Identificada la norma objeto de la consulta aplicable a un caso concreto, habrá que plantearse si se trata de una cuestión de carácter jurisdiccional y si se tiene la competencia jurisdiccional para eventualmente asumir su aplicación; y si así fuera, entonces, analizar los hechos críticamente y contrastar la norma en cuestión con la Constitución Política del Estado”. “En síntesis, el control de constitucionalidad a través de este mecanismo constitucional, alcanza o abarca sólo a la norma oral o escrita objeto de consulta por la autoridad indígena originaria campesina, siempre que se trate de una cuestión jurisdiccional. Siendo en consecuencia, su finalidad el establecimiento de compatibilidad o concordancia de la norma consultada con los principios, valores y fines contenidos en la Constitución Política del Estado, no pudiendo la justicia constitucional emitir pronunciamiento alguno sobre el caso concreto” (las negrillas son nuestras).

En este sentido, lo que se debe establecer previamente es, si la norma en consulta se encuentra en el marco de las competencias de la JIOC; sólo si es así, deberá analizar para contrastar con la Constitución Política del Estado; consecuentemente, la consulta deberá enmarcar en estas normativas constitucionales; no se trata que, detrás de este derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC); existan intereses individuales o comunales que desvirtúen los principios, valores y fines del Estado Plurinacional.