SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0019/2016

La actividad del control disciplinario judicial emerge de la Constitución Política del Estado. La SCP 0898/2013 de 20 de junio, determinó que: “‘El Consejo de la Magistratura es la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; del control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero; y de la formulación de políticas de su gestión. El Consejo de la Magistratura se regirá por el principio de participación ciudadana’ y más adelante, en el art. 195.2 del mismo texto, como atribuciones del Consejo de la Magistratura de Justicia: ‘Ejercer el control disciplinario de las vocales y los vocales, juezas y jueces; y personal auxiliar y administrativo del Órgano Judicial. El ejercicio de esta facultad comprenderá la posibilidad de cesación del cargo por faltas disciplinarias gravísimas, expresamente establecidas en la ley’; implica, que dicho órgano tiene a su cargo investigar, procesar y sancionar a aquellos servidores públicos que incurran en infracción al ordenamiento jurídico que rige el ejercicio de la función pública en la jurisdicción ordinaria, agroambiental y las jurisdicciones especializadas…” (La negrita corresponde al texto).

De conformidad al art. 115.I y II de la Norma Suprema, las autoridades judiciales o administrativas, en los procesos de su conocimiento, tienen el deber constitucional de garantizar el derecho al debido proceso a todos los sujetos procesales intervinientes. En esta línea la SCP 0745/2015-S1 de 17 de julio estableció que: “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos indica que: ‘El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales.