SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0022/2016

Roger Gonzalo Triveño Herbas, Wilma Mamani Cruz, Freddy Sanabria Taboada y Wilber Choque Cruz, Decano y Consejeros del Consejo de la Magistratura, por memorial presentado el 28 de noviembre de 2014, cursante de fs. 95 a 99 vta., expresaron los siguientes argumentos: 1) Del estudio de los arts. 73.I y 86.I del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental se infiere que los mismos garantizan el derecho a la defensa, así como los principios de celeridad e informalismo, asegurando que el servidor público sea notificado. En ese entendido el referido art. 86 solo se aplica cuando el denunciado esta debidamente notificado, no siendo cierta la vulneración de derechos o garantías constitucionales; 2) Contrario a lo que afirma el accionante, el art. 61 del mencionado Reglamento, exige que la denuncia cumpla ciertos requisitos, por lo que el juez disciplinario no puede admitirla sin observar los mismos, reiterando que el denunciado debe ser notificado personalmente con la denuncia y con el primer actuado, teniendo la oportunidad a tiempo de prestar su informe, de manifestar su verdad y ofrecer la prueba que este a su alcance; asimismo, en virtud a este artículo la autoridad disciplinaria está facultada de aplicar el principio de verdad material, resultando ilógico que dicho artículo sea inconstitucional; 3) Se sostiene que conforme al art. 65 del Reglamento en cuestión, el juez disciplinario tiene facultades discrecionales, para que sin derecho a la contradicción admita prueba; sin embargo, de acuerdo al art. 64 del citado Reglamento, la prueba puede ser observada previo a su admisión mas no luego de tal acto, pues con toda lógica no se podría observar la prueba en cualquier momento; 4) De forma ambigua se expresa que el art. 82 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, permite al juez disciplinario cambiar la calificación de los hechos de la denuncia, sin considerar que el objeto del proceso disciplinario es imponer sanciones y reencaminar la conducta del servidor judicial que incurrió en falta disciplinaria sea leve, grave o gravísima; consecuentemente, no se puede admitir la inconstitucionalidad del mencionado artículo; y, 5) El accionante no señala cuál la relevancia de las normas impugnadas en la resolución final, lo que determina el rechazo de la acción de inconstitucionalidad concreta, al no señalar de qué manera los arts. 61, 65, 73.I y 86.I del citado Reglamento incidirán en la sentencia, más cuando el art. 26 de dicho Reglamento establece la imposibilidad de plantear cualquier tipo de excepción o incidente que no estén referidos en el Reglamento, incumpliendo con el presupuesto de generar duda razonable sobre la inconstitucionalidad. Fundamentos por los que solicita declarar improcedente la acción de inconstitucionalidad concreta.