SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0459/2016-S2

Juan José Álvarez Lizarraga y René Licona Siles, Pedro Pablo Villca Charcas, miembros de la Jefatura de Control de Empresas de Seguridad Privada del departamento de Oruro, manifestaron que: i) La empresa a pesar de estar clausurada siguió operando, lo único que hicieron fue en estricto apego a la Norma Suprema, Ley de Seguridad Ciudadana y su Reglamento, Resoluciones Ministerial (RM) 021 B/2013 de 4 de febrero, modificada por la RM 168/2013 de 16 de agosto, y en aplicación del art.43 del Reglamento Operativo; y, ii) El accionante, propietario de la empresa de seguridad privada, está operando en forma ilegal, toda vez que, a la vigencia de la Ley 264 y su Reglamento, las empresas tienen obligación conforme a esta disposición transitoria segunda, cuentan con un plazo de novente días computables a partir de la promulgación, tenían la obligación de regularizar su registro y funcionamiento, previo cumplimiento de requisitos establecidos, y como la empresa no cumplió, se dispuso la clausura el 4 de diciembre de 2015.