Los suscritos Magistrados expresan su disidencia respecto a la DCP 0076/2016 de 19 de julio, sobre la base de los fundamentos jurídicos constitucionales, que se desarrollan mediante el presente Voto Disidente.

El examen de este numeral precisa de las siguientes puntualizaciones: 1) La noción de “integridad territorial” esta comúnmente asociada a la soberanía externa del país y el mantenimiento del espacio geopolítico del Estado en su conjunto frente a los demás en el contexto internacional, además del resguardo o defensa incluso militar de las fronteras nacionales ante las posibles agresiones de fuerzas extranjeras; y, 2) Debe tenerse en cuenta cuando se trate de conflictos territoriales internos, en relación centralmente con los conflictos de límites intermunicipales, se entiende que aquellos deben ser gestionados por las regulaciones internas y los canales institucionales establecidos, y en ningún caso deberá incluir medidas de hecho con este fin.

Bajo estas consideraciones, se entiende que el deber constitucional establecido en el art. 108.13 de la CPE, se refiere a la integridad territorial del Estado boliviano, el que no puede ser ampliado a la territorialidad subnacional ni fragmentado por las normas institucionales básicas de las entidades territoriales autónomas (ETA); además que pese a la advertencia del deber de preservación territorial se limitará a acciones de “cooperación”, el numeral puede ser aplicado bajo una interpretación beligerante que  conllevaría  a acciones de hecho alejadas de los mecanismos legales establecidos para la resolución de conflictos de límites interterritoriales. Por consiguiente, lo pertinente era declarar la incompatibilidad del contenido del numeral analizado en su integridad.

En este marco del análisis de la disposición observada se extrae: 1) Que la exclusividad en el ejercicio del cargo de concejal munícipe se limita: “a más de un cargo público remunerado y a tiempo completo” (sic.); y 2) Aplicando por analogía lo previsto en el ya citado art. 150.II de la CPE, se entiende que la excepción prevista para la docencia universitaria se extiende a los legisladores subnacionales.

Nótese además, que no toda omisión a las remisiones o reservas a ley son inconstitucionales, pues para que opere dicho mandato deberá: 1) Consignar de manera expresa, el Órgano Legislativo obligado, aunque de hacerlo operaría la previsión del art. 71 de la LMAD, precitada;                  2) Concretizarse en un mandato constitucional expreso para legislar un aspecto específico de la realidad, rebasando la asignación de la facultad legislativa que in abstracto se asigna a los Órganos Legislativos desde la Norma Suprema; y, 3) Producir un vacío normativo efectivo que impida o dificulte la materialización de derechos o las previsiones orgánicas constitucionales, esto implica la no existencia en todo el sistema normativo de una norma idónea que permita la materialización de la regulación.

Así, es posible identificar dos tipos de omisiones inconstitucionales; la primera, a la que se denominaría “explícita o expresa”, en la que concurren los tres elementos desglosados en el párrafo anterior; y la segunda, a la que se conoce como “implícita o tácita”; vale decir, no expresamente consignada, pero que debido a la necesidad de materialización del precepto constitucional en cuestión y su relevancia para el ejercicio de los derechos, imponen al legislador el deber de legislar. Este último tipo de omisión adolece -precisamente por la falta de un mandato expreso- de ciertas dificultades en su aplicación; debido a que, tanto la identificación del ente legislativo obligado y la determinación de los alcances de la obligación, como la determinación del ámbito y límites de la regulación legislativa extrañada, se hace compleja, aunque no imposible. De esta forma, la determinación de la omisión y sus consecuencias jurídicas, solo será posible a partir de la materialización de los efectos de dicha omisión en la aplicación normativa concreta; es decir, en el mundo fáctico, no siendo de fácil aplicación en los procesos de control previo en los que se trabaja solo sobre potenciales normas jurídicas.

En este orden ideas, en el análisis del precepto ahora en examen, no es posible aplicar la “omisión constitucional explícita”, pues no existe un mandato constitucional concreto para que el deliberante de la ETA, regule específicamente de la materia en general y peor de la figura de los “consultores por producto” en especial, por lo que su regulación no es exigible para el deliberante de la ETA, y tampoco es posible aplicar la “omisión implícita”; ello debido a que: i) Actualmente existen normas vigentes e idóneas que además de la COM, regulan efectivamente la temática, no produciéndose vacío normativo alguno que impida la materialización de las previsiones constitucionales; y, ii) Considerando el carácter potestativo de la COM, todo lo no regulado en ella podrá ser, en cualquier caso, objeto de legislación municipal]