SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1161/2017-S1

Al respecto la jurisprudencia, por medio de la SCP 1089/2012 de 5 de septiembre y la SC 2777/2010-R de 10 de diciembre, ha expresado que el derecho a la defensa constituye una potestad inviolable del individuo, a ser escuchado en juicio, a presentar pruebas en su descargo y hacer uso de los recursos de reclamo e impugnación que le otorgan las leyes. En tal sentido la SCP 1089/2012, citando a la SC 0183/2010-R de 24 de mayo, manifestó, que el derecho a la defensa se extiende: “'…iii) Al derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) Al derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal, que actualmente se encuentra contemplado en el art. 119.II de la CPE'”.

Ahora bien, partiendo de lo señalado precedentemente, uno de los presupuestos para garantizar el derecho a la defensa, constituye las comunicaciones o notificaciones oportunas con los actuados o resoluciones de las autoridades o instancias encargadas de resolver controversias o decidir sobre las situaciones jurídicas sometidas a su competencia; ello implica que, si la persona involucrada en algún  procedimiento o trámite judicial o administrativo, no tiene acceso oportuno al contenido de la decisión, no podrá interponer ni fundamentar los recursos de impugnación que le reconoce el ordenamiento normativo; ante tal situación, los medios de impugnación ordinarios o intraprocesales, dejan de ser idóneos y efectivos para la reparación de las lesiones a los derechos fundamentales del administrado.