SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0092/2017-S3

En el proceso penal que les siguió el Ministerio Público por el delito de robo agravado, en su condición de adolescentes, resultaron ambos con responsabilidad, acogiéndose posteriormente a terminación anticipada del proceso condenándoles a una sanción de privación de libertad de dos años a fin de beneficiarse con medidas socio-educativas con restricción de libertad, conforme lo estipulado en los arts. 268.III y 324.II del Código Niña, Niño y Adolescente -Ley 548 de 17 de julio de 2014-; sin embargo, mediante el incongruente Auto 147/16 de 29 de junio de 2016, pronunciado por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Beni -ahora demandada-, fueron recluidos en el Centro Correccional de Menores “Mana” de Trinidad del mismo departamento con régimen cerrado y de internamiento.

El 25 de octubre de 2016 -Iver Arrazola Do Santos- solicitó modificación de la medida impuesta a efectos de que la autoridad jurisdiccional demandada, advertida de su error “…modifique la privación de libertad e imponga una medida con restricción de libertad…” (sic) tal como lo señalan las normas citadas supra del Código Niña, Niño y Adolescente.

Finalmente, se debe tomar en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desarrollada en las Sentencias Constitucionales “0165/2010-R, 0294/2010-R, 1052/2012, 2179/2012 y 2225/2015”, que establecen la no aplicación de la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de libertad cuando se demanden derechos de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria y sectores de vulnerabilidad como ser niñas, niños y adolescentes.