DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0055/2017

En ese sentido, la Constitución Política del Estado, en la Tercera Parte, Capítulo Octavo, delimita la distribución de competencias, efectivizando un sistema de reparto del poder político y administrativo entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas’; como se advierte, la delimitación y distribución competencial deviene de la Constitución Política del Estado y en referencia a la autonomía municipal su art. 285 de la CPE, establece que el órgano ejecutivo municipal ejerce las facultades reglamentarias y ejecutivas, mientras el órgano legislativo, las facultades legislativas, fiscalizadoras y deliberativas, el ejercicio coordinado de las facultades permite una ejecución optima de las políticas públicas, que se encuentras compuesta por un conjunto de planes, programas y proyectos, las cuales responden a una planificación nacional de desarrollo; en el ámbito municipal las políticas, planes, programas y proyectos emergen como respuesta a las necesidades más elementales del municipio y en su formulación y aprobación intervienen ambos órganos de gobiernos, a través del ejercicio de sus respectivas competencias; en realidad, estos instrumentos de la gestión pública, atraviesan por un proceso complejo y dinámico donde intervienen una serie de instrumentos normativos; en ese sentido, el ejercicio de las facultades del órgano ejecutivo, no deviene de las disposiciones, políticas, planes, programas y proyectos emanados del Concejo Municipal, sino que existe una interacción facultativa y operativa de ambos órganos para la concreción de éstos.

Ahora bien, para determinar el ámbito del ejercicio competencial corresponde citar a la misma DCP 2055/2012, que desarrollo la temática señalando que ‘…el ejercicio competencial se desarrolla a partir de tres ámbitos de identificación: i) El ámbito jurisdiccional; ii) El ámbito material; y, iii) El ámbito facultativo.