ENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0025/2018-S2

Solicita se conceda la tutela, dejando sin efecto: 1) El Auto de Vista 12 de 17 de marzo de 2017 y el Auto 69 de 17 de abril de igual año, de complementación y enmienda, dictados por la Sala Penal Segunda el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, 2) El Auto Interlocutorio 29 de 25 de julio de 2016, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del mismo departamento.

           A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: 1) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; 2) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: 2.i) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2.ii) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 2.iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; 3) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, 4) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

           Conforme a las normas procesales penales y los estándares interamericanos antes señalados, las medidas cautelares deben ser aplicadas: 1) Con carácter excepcional; 2) Cuando resulten indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, lo que supone que las autoridades judiciales deban realizar en todos los casos de imposición de medidas cautelares -que suponen una limitación a derechos fundamentales- el juicio de proporcionalidad precedentemente explicado; 3) Deben ser impuestas a través de una resolución judicial debidamente fundamentada y motivada; 4) Tienen que ser limitadas en cuanto a su duración, en tanto subsista la necesidad de su aplicación, y por ende, también son revocables o sustituibles y revisables periódicamente; y, 5) En caso de duda respecto a una medida restrictiva de un derecho, deberá aplicarse lo que le sea más favorable.

1)    Se efectúe una valoración razonable de la prueba, analizando la prueba referida a la propiedad del vehículo, los ingresos del accionante, el cobro de beneficios sociales, las características del motorizado incautado y su antigüedad; así como la afirmación de la existencia del contrato verbal a partir de las declaraciones del imputado y la certificación laboral del mismo; aplicando en lo pertinente, el principio de favorabilidad previsto en el art. 7 del Código de Procedimiento Penal; y,