ENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0025/2018-S2

El accionante en audiencia ratificó íntegramente los términos de su demanda tutelar; agregando además: i) El imputado en el caso investigado se sometió a juicio abreviado y fue puesto en libertad hace cinco meses; y, ii) El vehículo está en poder de un Sargento de la Policía Boliviana, siendo utilizado; pues no se encuentra en oficinas de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI).

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; ii) El principio de proporcionalidad en la limitación de derechos fundamentales, respecto a la aplicación de medidas cautelares; y, iii) Análisis del caso concreto.

En el marco de los requisitos señalados precedentemente para la imposición de medidas cautelares de carácter real, la autoridad judicial deberá asumir que la medida de incautación: i) Sólo puede ser dispuesta respecto a bienes sujetos a decomiso o confiscación; ii) Que una vez constatado ese extremo, la medida podrá ser mantenida si no se demuestran las dos causales previstas en el art. 255 del CPP, que fueron previamente analizadas; y,        iii) Sin embargo, se debe aclarar que en dicha labor -en el marco de los precedentes interamericanos que forman parte del bloque de constitucionalidad- y nuestro propio procedimiento penal, debe analizarse si la misma resulta indispensable para cumplir con su finalidad, cual es, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, asegurar los resultados del juicio o darles el destino lícito correspondiente, aplicando si corresponde, lo que sea más favorable para el incidentista; esto supone, evidentemente, efectuar un juicio de proporcionalidad, que implica el análisis de su idoneidad, adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.