SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0027/2018–S2

           El accionante alega que la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, el 27 de marzo de 2017, dictó el Decreto Edil 07/2017, por el cual, en lugar de disponer se anule todo lo obrado sobre los actos administrativos de aprobación de la planimetría que fue dispuesta a favor de la “Organización 3 de octubre” y se revierta la misma a su nombre, se limitó tan solo a realizar una sencilla relación de los antecedentes y datos de la aprobación de la misma, omitiendo efectuar una correcta valoración de la prueba presentada, sin resolver los agravios que expuso en su memorial de recurso jerárquico y con el solo fundamento que no existe tales agravios, confirmó la RA 2128/2016, que desestimó su recurso de revocatoria, así como la RA 3210/2015, por la cual se dispuso ilegalmente la aprobación de la planimetría a favor de dicha Organización y el Informe Legal P.E.R.-304/E.L.-31/2016, que le negó la posibilidad de revertir a su nombre la indicada planimetría; hecho que a su entender vulnera sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia; y, a la propiedad.

           Previo a ingresar al análisis del caso concreto, es menester precisar que el Tribunal Constitucional Plurinacional, no se constituye en una instancia adicional de un proceso jurisdiccional o administrativo, no siendo admisible ningún reclamo que pretenda en sede constitucional la valoración probatoria, o presunta incorrecta interpretación o aplicación de la norma, salvo que, siempre en vía de excepción y en atención a que este Tribunal debe velar por el respeto a los derechos fundamentales, se hubiese efectuado una sucinta pero precisa presentación por parte del accionante que demuestre a la justicia constitucional del porqué la omisión en la valoración de prueba y la falta de motivación y congruencia en el Decreto Edil 07/2017, vulnera derechos y garantías previstos por la Norma Suprema; por consiguiente, a fin de establecer si la autoridad hoy demandada, al tiempo de pronunciar dicha decisión administrativa, vulneró algún derecho, se procederá a examinar el citado Decreto Edil, emitido en grado jerárquico, que el accionante impugnó porque no absolvió los agravios expuestos, que carece de una adecuada motivación y congruencia; y, que omitió realizar una valoración integral de las pruebas presentadas; labor que será cumplida a continuación.